Ciudad de México.- La senadora Geovanna Bañuelos presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objetivo de regular la reventa de boletos en plataformas digitales ante el vacío legal actual. La propuesta busca garantizar la autenticidad de las entradas y proteger los derechos de los usuarios frente a fraudes, estableciendo un marco de transparencia para el mercado secundario.
La iniciativa de la legisladora parte de un diagnóstico pragmático sobre la economía de los espectáculos en México. En lugar de perseguir una prohibición que, a juicio de Bañuelos, suele desplazar la actividad hacia la clandestinidad y aumentar la vulnerabilidad del comprador, el proyecto apuesta por la institucionalización de estas transacciones. La propuesta cobra especial relevancia ante la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde México albergará trece encuentros, un escenario propenso a la especulación y al acaparamiento de entradas en canales no oficiales.
El núcleo de la reforma plantea la creación de un nuevo capítulo en la legislación de protección al consumidor que defina con precisión la reventa digital como la comercialización de accesos por terceros mediante plataformas de intermediación. Uno de los puntos más determinantes de la propuesta es la imposición de un límite al sobreprecio, el cual no podrá exceder el cien por ciento del valor original del boleto. Con esta medida se pretende mitigar las prácticas abusivas de precios exorbitantes que caracterizan actualmente al mercado informal.
Para asegurar el cumplimiento de estas normas, la senadora propone facultar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para gestionar un Registro Público de Plataformas Tecnológicas de Intermediación Autorizadas. Este registro, de carácter obligatorio y actualización mensual, exigiría a las empresas y personas físicas identificar su personalidad jurídica, transparentar sus protocolos de autenticación y garantizar mecanismos de reembolso. La trazabilidad de los boletos y la verificación de la identidad del vendedor se perfilan como los pilares técnicos para evitar que el consumidor adquiera documentos falsificados o inexistentes.
Finalmente, la propuesta contempla la implementación de medidas tecnológicas obligatorias para combatir el acaparamiento. Bañuelos sostiene que la existencia de un mercado secundario es una realidad derivada del desbalance entre la alta demanda y la oferta limitada, por lo que el Estado debe intervenir para dotar a estas operaciones de certeza jurídica. La regulación planteada busca transformar un entorno de informalidad en un sistema con reglas claras de responsabilidad y protección social.
LNY | Redacción