Ciudad de México.- La diputada Fuensanta Guerrero propuso ante la Cámara de Diputados una Ley General de Salud Mental para homologar la atención en México. La iniciativa, de 53 artículos, busca garantizar servicios de calidad en los 32 estados ante un escenario donde el 50% de la población presenta síntomas de ansiedad y ocho de cada diez enfermos carecen de tratamiento médico.
La propuesta legislativa surge como respuesta a una fragmentación institucional que impide un acceso equitativo a la salud mental en el territorio nacional. Al carecer de una norma general, la prestación de servicios depende de regulaciones locales dispares, lo que vulnera el derecho a la salud de millones de ciudadanos. El proyecto de Guerrero establece un piso mínimo de derechos, define competencias entre los tres órdenes de gobierno y busca fijar metas presupuestarias vinculantes para revertir el abandono histórico de esta área de la medicina pública.
La relevancia de esta iniciativa se sustenta en indicadores críticos de salud pública. En México, el suicidio se ha consolidado como la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, mientras que entidades como Zacatecas, Oaxaca y Michoacán registran las tasas más altas de trastornos de ansiedad. A pesar de la magnitud del problema, el Estado mexicano destinó en 2024 menos de 30 pesos anuales por persona para la atención de la salud mental, una cifra que contrasta con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de asignar al menos el 5% del presupuesto total del sector salud a este rubro.
El contenido de la ley se estructura sobre cuatro ejes estratégicos: el respeto a los derechos humanos, un modelo de atención comunitaria, la coordinación gubernamental y la vinculación con el sector educativo. Un punto de especial interés económico es la propuesta de permitir la deducibilidad al 100% de los gastos derivados de terapias y medicamentos, medida que intenta aliviar la carga financiera de las familias frente a un sistema público rebasado y con un déficit estructural de especialistas.
La viabilidad de esta reforma dependerá del consenso político en el Congreso para priorizar una agenda de salud que tradicionalmente ha sido postergada. La aprobación de la Ley General de Salud Mental no solo implicaría una reingeniería administrativa y presupuestaria, sino que representaría un avance institucional hacia la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana, garantizando que el tratamiento médico deje de ser un privilegio para convertirse en un derecho exigible.
LNY | Redacción