JULIETA DEL RÍO VENEGAS
Las manifestaciones de maestras y maestros de la CNTE, las protestas de los extrabajadores que quedaron sin liquidación tras la llegada de nuevos ministros de la SCJN, la situación de los pensionados de la Comisión Federal de Electricidad, la lucha de las madres buscadoras y la exigencia de justicia en el caso Ayotzinapa parecen temas distintos. Sin embargo, todos convergen en un mismo punto: la falta de respuesta de las instituciones.
La discusión no es si sus demandas son legítimas o no. Muchas de estas causas son profundamente humanas, sensibles y justas. Además, el derecho a la manifestación está consagrado en la Constitución y forma parte esencial de una sociedad abierta y democrática.
Lo que resulta reprobable es la violencia, los bloqueos prolongados y las afectaciones a terceros. Los ciudadanos terminan siendo los más perjudicados y, al mismo tiempo, los más confundidos. Observan cómo unas autoridades culpan a otras, mientras estas trasladan la responsabilidad a terceros. Se construyen narrativas políticas, pero pocas soluciones concretas. Abunda la desinformación y proliferan los discursos construidos a conveniencia.
El verdadero problema es la gobernabilidad. ¿Quién atiende? ¿Quién escucha? ¿Quién resuelve?
Un servidor público está para servir. Su responsabilidad es escuchar, dialogar y buscar soluciones. Y cuando algo no es posible, también tiene la obligación de decirlo con claridad y transparencia. Lo que no puede ocurrir es el silencio institucional o la indiferencia frente a quienes llevan meses, e incluso años, esperando respuestas.
La ciudadanía también tiene derecho a conocer qué ocurre en esas mesas de negociación. Los convenios, acuerdos, reuniones y compromisos que se generan desde las instituciones públicas deben ser públicos. De lo contrario, cada parte construye su propia versión de los hechos y la sociedad termina atrapada entre discursos contradictorios y desinformación.
Mientras tanto, se toman carreteras, casetas, oficinas gubernamentales, bancos y vialidades. Los ciudadanos, que no son responsables de los conflictos, terminan pagando las consecuencias. Son quienes pierden tiempo, oportunidades y tranquilidad.
Las causas legítimas merecen respaldo. Lo que no merece respaldo es la opacidad que rodea estos procesos ni la ausencia de explicaciones claras sobre por qué no se han alcanzado soluciones.
Ahí está el caso de los trabajadores del Poder Judicial, quienes llevan casi un año exigiendo una respuesta a su situación laboral. Al mismo tiempo, la opinión pública observa gastos cuestionables, contrataciones de personal sin experiencia suficiente, adquisiciones de vehículos de lujo y licitaciones que generan polémica. La pregunta es inevitable: si existen recursos, ¿por qué no se prioriza el cumplimiento de derechos laborales básicos, como las liquidaciones y prestaciones pendientes?
En el caso del magisterio, se prometieron reformas legales durante las campañas políticas que después no se concretaron. Ese es uno de los riesgos de las promesas electorales: generan expectativas que, cuando no se cumplen, terminan convirtiéndose en conflictos sociales. Cuando la palabra empeñada desde el poder no se traduce en acciones, la inconformidad termina ocupando el espacio público. Sin embargo, el diálogo y la construcción de acuerdos siempre deberían permitir encontrar puntos medios.
Y está también el caso de las madres buscadoras. Mujeres que han tenido que hacer el trabajo que les corresponde a las instituciones. Si las fiscalías no pueden brindarles atención efectiva y los organismos de derechos humanos no logran acompañarlas con la fuerza necesaria, entonces la pregunta es obligada: ¿para qué existen esas instituciones?
México no enfrenta una crisis de protestas. Enfrenta una crisis de atención, de diálogo y de capacidad para resolver conflictos. Mientras las autoridades continúen administrando los problemas en lugar de solucionarlos, las manifestaciones seguirán multiplicándose y los ciudadanos seguirán siendo los principales afectados.
La gobernabilidad no consiste en contener la inconformidad. Consiste en escucharla, atenderla y resolverla. Porque cuando las instituciones dejan de responder, la protesta se convierte en el único mecanismo que muchos encuentran para ser escuchados.
Sobre la Firma
Escritora y defensora institucional de la transparencia y los datos
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