JUAN JOSÉ MONTIEL RICO
En Zacatecas, el nuevo ciclo escolar aún no comienza y parece que ni comenzará. El magisterio, encabezado por las secciones 34 y 58 del SNTE, vuelve a movilizarse. Esta vez, por un aumento salarial que no llegó en julio y que, según informó la Secretaría de Finanzas, se pagará en agosto después de recibir los recursos de la Federación. El problema es real, el reclamo es válido, pero hay una pregunta inevitable: ¿de verdad justifica otro paro de clases?
En democracia, los movimientos sociales cumplen un papel fundamental, pues son mecanismos de presión social cuando las instituciones no responden o se demoran. Su legitimidad, sin embargo, no depende solo del fondo de sus demandas, sino también de la forma en la que luchan y del efecto que provocan. Si mis lecturas de Tarrow y Tilly no me fallan, al momento de evaluarlos, hay al menos tres criterios clave: la legitimidad de origen (si la causa es justa), de procedimientos (si respetan derechos ajenos) y de resultados (si el impacto social de la lucha es positivo). Veamos qué pasa en el caso zacatecano.
El magisterio tiene razones para estar molesto. Retrasos en pagos, incertidumbre laboral, y una larga historia de promesas incumplidas por parte del Estado (así, con mayúscula). Pero esa legitimidad de origen comienza a resquebrajarse cuando de buenas a primeras la respuesta es parar clases, tomar escuelas y dejar sin educación a cientos de miles de niñas y niños. En los últimos seis meses se han suspendido más de 30 días de clases. Ahora, nuevamente amenazan con detener el regreso a las aulas. ¿Cuántos de estos paros han sido “necesarios”?
El verdadero problema no está solo en el fondo —que sí existe—, sino en las formas. Hay una tendencia preocupante en los liderazgos magisteriales a actuar con cerrazón, al maximalismo y la impaciencia. A la menor provocación, se activan las bases, se rompen los puentes de diálogo y se radicaliza la protesta. Es la típica política del “todo o nada”. Y cuando eso ocurre, el pueblo —que al principio empatiza— se empieza a hartar. Los padres de familia ya no saben si mandar a sus hijos a la escuela o buscar quién les cuide; los estudiantes acumulan rezago y los ciudadanos, en general, comienzan a ver al movimiento más como una fuerza opositora que como una organización de lucha.
La falta de estrategia, la improvisación y la confusión entre protesta y chantaje pueden terminar condenando al movimiento magisterial a la intrascendencia o, peor aún, al aislamiento social. Eso sería catastrófico, porque sin respaldo ciudadano, ninguna lucha por los derechos colectivos puede sostenerse. El movimiento magisterial corre el riesgo de perder la legitimidad de procedimiento —al afectar derechos de terceros— y de resultados— al dejar como saldo un daño educativo más que una mejora laboral.
No es la intención de esta columna intrigar, pero cuando un movimiento se radicaliza de esta manera, cuando confunde defensa laboral con desestabilización política, más de un cauto se pregunta si hay algo, o alguien, detrás. Si hay agentes que intentan capitalizar el descontento magisterial para golpear políticamente —desde la oposición o hasta corrientes internas—, los propios maestros deben avisparse para no prestarse a ese juego. La causa de la educación está muy por encima de cualquier causa o interés político personal.
El aumento salarial llegará, lo prometió la Presidenta. Se retrasó unos días por un tema presupuestal del Gobierno de México, no por negligencia estatal. ¿Vale la pena desatar otra crisis educativa por eso? ¿Debería ser el paro el primero o el último recurso?
El magisterio zacatecano debe decidir si quiere ser un actor social legítimo, firme pero dialogante, o una maquinaria de presión sin freno ni brújula. No es lo mismo luchar por derechos que atrincherarse en la confrontación permanente. La línea que separa la dignidad de la intransigencia es muy delgada y cruzarla puede ser muy caro para nuestra incipiente democracia.
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Estratega político entre gobiernos, campañas y narrativas.
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