RAFAEL CANDELAS SALINAS
La reforma a la Ley de Amparo, impulsada por la presidenta de la República y aprobada ya por el Senado, representa una de las embestidas más graves al Estado constitucional de derecho en la historia reciente de México. No se trata de un mero ajuste técnico ni de una modernización legislativa, es, lisa y llanamente, un retroceso jurídico y democrático, disfrazado de “ordenamiento” judicial.
Y para rematar, los senadores oficialistas tuvieron la “brillante” idea de agregar un artículo transitorio que pretende aplicar la reforma de forma retroactiva, violentando abiertamente el artículo 14 constitucional. Es decir, los Senadores morenistas y sus aliados, pretenden que las nuevas reglas restrictivas no solo apliquen hacia adelante, sino también sobre los casos que están en curso. Como si de un viaje en el tiempo se tratara, quieren que las personas que promovieron amparos conforme a un marco legal vigente de pronto se encuentren con que las reglas cambiaron a mitad del partido.
El eje central de la reforma consiste en limitar las suspensiones provisionales y definitivas con efectos generales (erga omnes). Es decir, cuando un juez federal advierta que una ley o acto de autoridad es claramente inconstitucional, ya no podrá suspenderla con efectos para toda la población, sino únicamente para la persona que promovió el juicio.
Este cambio, en apariencia técnico, desmantela uno de los instrumentos más eficaces que tenía la ciudadanía para detener normas inconstitucionales antes de que causaran daños irreparables. Se debilita así el control judicial, se erosiona el principio de supremacía constitucional (artículo 133) y se vulnera el derecho a una tutela judicial efectiva (artículo 17).
Como si lo anterior no fuera suficiente, la iniciativa incluye un apartado verdaderamente alarmante: No se concederán suspensiones en contra de bloqueos de cuentas bancarias ordenados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), salvo que la persona afectada acredite el origen lícito de sus recursos.
Es decir, se invierte la carga de la prueba. Ya no será la autoridad la que deba probar la ilicitud, como establece el principio elemental de que “el que afirma está obligado a probar”. No. Ahora será el ciudadano quien, con sus cuentas congeladas y sin acceso a sus recursos, tendrá que demostrar que es inocente, lo cual lo deja -prácticamente- en un estado de indefensión.
¿Y el principio de presunción de inocencia? Bien, gracias. ¿Y el debido proceso? También de vacaciones. La Suprema Corte (la anterior) ha sostenido en reiteradas ocasiones que la UIF no puede actuar como juez ni presumir culpabilidad, pero la reforma pretende institucionalizar (de la mano de los nuevos ministros) precisamente eso: una presunción de culpabilidad financiera.
Además de violentar la prohibición de leyes retroactivas (art. 14), la reforma retrocede en la protección de derechos humanos, contraviniendo el principio de progresividad consagrado en el artículo 1 constitucional. Y al limitar severamente la capacidad de los jueces para suspender actos inconstitucionales, se reduce su margen de independencia y se fortalece el control político del Ejecutivo y del Legislativo sobre el Poder Judicial.
Se trata, en suma, de un rediseño silencioso del equilibrio de poderes. Un rediseño que convierte a los jueces en meros espectadores mientras las normas inconstitucionales despliegan sus efectos, y a la ciudadanía en espectadores desarmados.
Al momento de escribir este artículo, la iniciativa se encuentra aún en la Cámara de Diputados, donde seguramente no le moverán ni una coma. Al parecer, en Comisiones se retiró el transitorio que establecía la retroactividad para evitar una lluvia de litigios, pero el resto pasará sin moverle una coma y sin mayor debate, las comisiones unidas de Justicia y Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados ya aprobaron el dictamen de reforma con 56 votos a favor (Morena, PT, PVEM), 11 en contra y una abstención de Olga Sánchez Cordero que se salió de la sesión para no votar. Una lástima, pues desde mi punto de vista, debió dar el debate y votar en contra. Era lo menos que podíamos esperar de ella, porque el resto de los diputados de la mayoría oficialista (Morena, Verde y PT) han perfeccionado una vieja práctica legislativa que creíamos superada: la de convertirse en una prolongación del Poder Ejecutivo, regresando a los tiempos en que el Congreso funcionaba como una coreografía perfectamente sincronizada de “levanta dedos”.
Y no se trata de una metáfora, sino de una realidad de la que han contagiado a los congresos locales, donde los dictámenes llegan, apenas se les da la primera lectura, se dispensa la segunda lectura y sin mayor análisis ni discusión se votan en “fast track” tal y como se las mandan.
En síntesis: La reforma a la Ley de Amparo desnaturaliza el instrumento más importante de defensa frente al poder público, limita suspensiones generales, invierte la carga de la prueba, vulnera principios constitucionales básicos y somete al Poder Judicial a los designios de la mayoría.
Aunque retiren el transitorio retroactivo, el fondo permanece intacto, nos enfrentamos a una reforma retrógrada, autoritaria y profundamente peligrosa, que pone en entredicho el equilibrio institucional y los derechos de millones de mexicanos.
El mensaje es claro, en este nuevo diseño, el poder no tolera contrapesos. Y cuando los contrapesos desaparecen, lo que sigue es siempre lo mismo: arbitrariedad y autoritarismo.
Nos leemos el próximo miércoles con más del Dedo en la Llaga.
Sobre la Firma
Jurista, exlegislador y columnista sin concesiones.
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