Sombrerete, Zac.- El diputado federal Ulises Mejía Haro propuso en Sombrerete la transformación agroindustrial del frijol para frenar los abusos de intermediarios que afectan a los productores zacatecanos. Ante la asamblea regional, el legislador planteó la creación de una empresa social que otorgue valor añadido al grano, garantice pagos directos y asegure la soberanía alimentaria mediante la tecnificación del riego.
La vulnerabilidad del sector agrícola en Zacatecas, estado que concentra el 40% de la producción nacional de frijol, ha quedado de manifiesto tras las denuncias de los agricultores sobre las prácticas de los denominados “coyotes”. Estos agentes aprovechan las dificultades logísticas y la falta de registros anticipados para adquirir las cosechas a precios inferiores a los de mercado. Frente a esta situación, la propuesta legislativa se alinea con el programa federal Cosechando Soberanía, que establece un precio de garantía de 27.000 pesos por tonelada, pero busca superar la dependencia de la venta de grano en bruto.
La estrategia institucional sugerida contempla la transición hacia productos procesados como harinas, papillas y enlatados al vacío. Este modelo no solo permitiría el acceso a supermercados y mercados internacionales, sino que integraría la producción local en las cadenas de suministro de hospitales y programas de alimentación escolar. La viabilidad del proyecto se sustenta en la creación de una Empresa Social del Frijol Zacatecano, donde los productores participarían directamente en las etapas de limpieza, selección y empaque bajo una marca estatal certificada.
Mejía Haro subrayó que la modernización del campo requiere un cambio estructural en el manejo del agua y la superficie de siembra. La reducción de las áreas de temporal en favor del riego tecnificado y la implementación de agricultura por contrato se presentan como las herramientas necesarias para brindar certidumbre jurídica y financiera tanto al productor como al comprador. Asimismo, el legislador instó a denunciar cualquier acto de tráfico de influencias o corrupción en los centros de acopio para asegurar que los beneficios lleguen sin filtraciones a las familias rurales.
LNY | Redacción