JULIETA DEL RÍO VENEGAS
Cada 17 de abril se conmemora el Día Internacional de la Lucha Campesina, una fecha que no solo recuerda la defensa histórica de la tierra, sino que obliga a mirar con seriedad la situación actual del campo mexicano.
Mientras se reconoce su papel estratégico en la seguridad alimentaria; los productores continúan operando en condiciones de desventaja, con mercados distorsionados, políticas públicas insuficientes y una falta de información clara que limita la toma de decisiones.
A pesar de esquemas de precios de garantía que buscan dar certidumbre, la realidad es que la capacidad institucional para acopiar y regular el mercado no alcanza. El resultado es conocido: intermediarios que imponen condiciones, productores que venden por debajo de sus costos y consumidores que pagan más.
Aquí la información pública se convierte en un factor clave. Sin datos abiertos, oportunos y verificables sobre volúmenes de producción, metas de acopio, presupuestos ejercidos y criterios de operación, el campo queda atrapado en la opacidad. Y la opacidad, en cualquier ámbito, termina favoreciendo abusos.
Desde una perspectiva de transparencia, el problema no es solo económico, es institucional. ¿Cómo se definen las metas de acopio? ¿Con base en qué diagnósticos? ¿Dónde están los padrones completos de beneficiarios? ¿Cómo se supervisa la participación de intermediarios? Sin respuestas claras, la política pública pierde eficacia y credibilidad.
El Día Internacional de la Lucha Campesina también debe ser una llamada a fortalecer el derecho de acceso a la información en el sector rural. Los productores no solo necesitan apoyos; necesitan certeza. Y la certeza comienza con información accesible, comprensible y útil para la toma de decisiones.
Porque detrás de cada tonelada que no encuentra mercado, hay una familia que enfrenta pérdidas. Y detrás de cada programa que no se ejecuta correctamente, hay una falla que pudo prevenirse con planeación, coordinación y transparencia.
Se debe reconocer al campo como un sector estratégico que requiere políticas públicas serias, evaluables y abiertas al escrutinio. La lucha campesina hoy no es por condiciones justas de producción, por mercados equilibrados y por instituciones que respondan con eficacia.
El campo mexicano no puede seguir siendo rehén de la improvisación. Garantizar su viabilidad no es un acto de buena voluntad, es una obligación del Estado. Porque al final, lo que está en juego no es solo el ingreso de los productores, sino el derecho de todos a una alimentación digna y accesible.
LNY | Redacción