Zacatecas, Zac.- El décimo tercer Simposio de Seguridad 2026 se inauguró en Zacatecas bajo la sombra de la tragedia ocurrida en Concordia, Sinaloa, donde diez trabajadores mineros fueron asesinados por la delincuencia organizada. El encuentro, que reúne al Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE, a empresas como Peñoles y Fresnillo PLC y a autoridades federales y estatales, dejó de ser un ejercicio técnico para convertirse en un llamado explícito a blindar la vida de los trabajadores dentro y fuera de las minas.
La jornada inició con un minuto de silencio y un posicionamiento firme del secretario general del sindicato, Carlos Pavón Campos. Bajo la consigna de no aceptar un mineral con sangre, el dirigente estableció que la única meta admisible es cero accidentes fatales. Para el FRENTE, la seguridad no es una variable subordinada a la producción, sino el eje que determina la legitimidad de toda operación extractiva. Pavón recordó que desde hace dieciséis años el sindicato sostiene que ningún trabajador está obligado a laborar en condiciones de riesgo y que el derecho a negarse forma parte de la defensa básica de la integridad.
El liderazgo sindical planteó que la prevención no se agota en protocolos empresariales. Aunque reconoció que las compañías proporcionan equipo y capacitación, subrayó que el factor decisivo es la conciencia individual y la determinación de detener la operación cuando no existan garantías totales. El mensaje fue directo: ninguna aportación económica justifica la pérdida de una vida humana.
En este contexto, el sindicato impulsó un llamado a establecer una mesa de alto nivel que atienda de manera específica la seguridad de los mineros frente a la violencia externa. La exigencia se articula a partir de un hecho concreto: entre las víctimas de Concordia se encontraban dos trabajadores originarios de Zacatecas. Para el FRENTE, la protección no puede limitarse al interior de las unidades productivas; debe extenderse a traslados y zonas de influencia, donde el crimen organizado ha demostrado capacidad de agresión directa.
Desde la perspectiva económica, Jorge Miranda Castro, secretario de Economía, expuso la dimensión estructural del sector. Señaló que la minería aporta casi la quinta parte del Producto Interno Bruto de Zacatecas y constituye el motor principal en 16 de los 58 municipios del estado. Esta dependencia económica, indicó, obliga a articular políticas que resguarden tanto la continuidad operativa como la integridad de los trabajadores. La relevancia macroeconómica se traduce en responsabilidad pública.
El secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, definió a los mineros como la columna vertebral de la entidad y anunció medidas inmediatas para reforzar la vigilancia fuera de las unidades. Confirmó una reunión estratégica entre la Mesa Estatal de Construcción de Paz y el Clúster Minero de Zacatecas, con participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y las fiscalías estatal y federal. El objetivo es garantizar que el personal desempeñe sus labores con certeza plena.
En el ámbito empresarial, Rafael Rebollar González, director general de Industrias Peñoles, informó que la compañía cerró 2025 sin fatalidades. No obstante, reconoció tres incidentes graves que derivaron en la implementación de 29 acciones estratégicas para 2026. Entre ellas destacó la apertura de una Sala de Aprendizaje en Seguridad y Salud, enfocada en riesgos críticos como el trabajo en alturas y la protección respiratoria. Para la firma, la seguridad ha dejado de ser solo cumplimiento normativo para convertirse en un principio rector.
Octavio Alvídrez Ortega, director general de Fresnillo PLC, coincidió en que los accidentes suelen originarse en decisiones equivocadas más que en desconocimiento técnico. Sostuvo que la cultura preventiva debe asumirse como una práctica cotidiana y compartida, donde el liderazgo no dependa de jerarquías formales y cualquier trabajador pueda detener una operación ante una condición insegura.
El simposio dejó expuesta la interdependencia entre seguridad laboral y seguridad pública. En México, la minería genera más de tres millones de empleos directos e indirectos. Su estabilidad depende de procesos internos seguros y de un entorno libre de violencia. La conclusión compartida es que la protección integral de la vida es una inversión imprescindible y la condición mínima para que la actividad conserve legitimidad social.
LNY | Redacción