Zacatecas, Zac.- La comunidad del Centro de Actualización del Magisterio Zacatecas (Camzac) hizo público un pliego petitorio denunciando violencia normalizada y omisión directiva. La acción busca frenar el encubrimiento y proteger al estudiantado, argumentando que el miedo invalida el derecho a la educación.
La comunidad firmante, compuesta por docentes, estudiantes con identidad protegida y colectivas adheridas, sostiene que durante años los alumnos han sido vulnerados en espacios que deberían enseñar ética, integridad y responsabilidad docente. Al permitir, minimizar o encubrir estas conductas, la institución transmite que “la violencia es posible, el silencio es preferible y la impunidad también educa”, socavando el propósito fundacional de la formación magisterial. La denuncia subraya que la omisión directiva es una forma de violencia institucional que despoja a la escuela de su autoridad moral para formar, pues el derecho a la educación no existe cuando un estudiante tiene que convivir con el miedo.
Es fundamental precisar que las acusaciones no se basan en rumores, sino en denuncias formales y documentadas. Los “docentes señalados” han sido formalmente denunciados ante instancias gubernamentales como la Secretaría de la Función Pública, el Comité de Ética de la Secretaría de Educación y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, existiendo expedientes, testimonios y evidencia clasificada.
El pliego acusa un patrón de ocultamiento: cuando la dirección, subdirección o el área psicopedagógica conocen las denuncias y optan por silenciar, archivar, diluir o desaparecer buzones completos, vulneran gravemente a los estudiantes, a quienes se les transmite que su seguridad “importa menos que el poder” de los agresores. La falta de certeza jurídica, la desaparición del buzón del 8M, la ausencia de actas de apertura y el manejo irregular del buzón psicopedagógico son señalados como ejemplos de esta minimización sistemática.
El pliego petitorio, calificado por sus autores como una “advertencia ética”, se concreta en ocho exigencias de cambio estructural. La primera y más inmediata es la destitución inmediata y definitiva de los docentes formalmente denunciados y de los directivos que, por acción u omisión, permitieron un ambiente de discriminación o encubrimiento institucional.
Se exige una investigación externa, imparcial y con enfoque feminista, llevada a cabo por instancias ajenas al Camzac para garantizar la objetividad y evitar cualquier conflicto de interés. Adicionalmente, se pide acompañamiento feminista externo para las víctimas, ante la desconfianza hacia el área psicopedagógica actual, acusada de difundir información confidencial. La comunidad demanda la garantía absoluta de no represalias académicas o laborales, reconociendo que hablar dentro de estructuras de silencio requiere valentía y protección.
Las demandas incluyen una auditoría independiente del manejo histórico de denuncias, buscando específicamente investigar la desaparición de pruebas, la falta de actas de apertura y la difusión indebida de citatorios confidenciales, documentando las denuncias verbales nunca registradas.
Se exige la publicación transparente de los resultados de la investigación, resguardando datos personales, para detener el ciclo de encubrimiento. Finalmente, se pide capacitación externa obligatoria en ética profesional, límites pedagógicos y perspectiva de género para todo el personal y un reconocimiento público del daño institucional, asumiendo un compromiso explícito con medidas de no repetición, bajo el principio de que la reparación también es una forma de enseñar.
El Pliego, firmado por el Comité de Docentes del Camzac, estudiantes firmantes y colectivas y organizaciones en adhesión, concluye con una declaración innegociable: “La impunidad NO puede seguir siendo un valor pedagógico en el Camzac”, instando a la sociedad zacatecana a vigilar la respuesta institucional ante esta profunda crisis de confianza.
LNY | Redacción