Zacatecas, Zac.- La gobernadora de Teresa Jiménez acordó comprar 100 toneladas de frijol a productores de Zacatecas a 20 pesos por kilo, aseguró Isaías Castro Trejo al dar a conocer el acuerdo en rueda de prensa, realizada en medio del conflicto por el incumplimiento de contratos de acopio, las protestas y las denuncias de represión contra manifestantes..
El acuerdo modifica el escenario político y económico de una crisis que durante semanas había permanecido atrapada entre promesas oficiales incumplidas y reclamos crecientes de los productores. La intervención de un gobierno estatal ajeno al conflicto original evidenció la incapacidad de las autoridades zacatecanas y federales para resolver una disputa que ya había escalado hacia el desgaste institucional y la confrontación pública.
De acuerdo con los testimonios de los líderes campesinos, la gobernadora de Aguascalientes se comunicó personalmente con ellos después de los episodios de tensión registrados durante las movilizaciones recientes. En esa conversación expresó su disposición para adquirir frijol zacatecano y concretar una operación inmediata que, según los productores, ofrece condiciones más favorables que las planteadas hasta ahora por las autoridades responsables del programa de acopio.
El compromiso final quedó fijado en 100 toneladas a un precio de 20 pesos por kilogramo. Los productores subrayan que la cifra supera las ofertas previas y representa un reconocimiento económico más cercano a los costos reales de producción. También precisaron que ellos mismos asumirán la logística de traslado y entrega del grano en Aguascalientes, con el objetivo de evitar nuevos retrasos o condicionamientos administrativos.
La operación ocurre después del incumplimiento de un convenio previamente firmado ante notario para el acopio de 1,500 toneladas, acuerdo que involucraba a instancias gubernamentales y que, hasta ahora, sigue sin concretarse. Ese incumplimiento detonó protestas, bloqueos y un clima de creciente tensión entre organizaciones campesinas y funcionarios estatales.
Los dirigentes del movimiento sostienen que la falta de respuesta institucional derivó en actos de represión y detenciones arbitrarias durante las manifestaciones. En ese contexto, el acercamiento de la mandataria aguascalentense fue interpretado por los productores como una señal política de respaldo y como una intervención que expone la fragilidad de la estrategia seguida por el gobierno de Zacatecas.
La crisis rebasa el tema comercial. El conflicto revela las debilidades estructurales del sistema de acopio y comercialización del frijol, uno de los productos centrales para la economía rural zacatecana. También exhibe las tensiones entre productores y organismos federales encargados de garantizar precios, almacenamiento y pagos oportunos.
Los campesinos han exigido que el Congreso del Estado intervenga como interlocutor ante la falta de acuerdos efectivos con el Poder Ejecutivo estatal. Además, demandan la presencia de representantes nacionales de Segalmex para definir el cumplimiento del contrato pendiente por las mil 500 toneladas comprometidas.
Las demandas también alcanzan a otras dependencias federales. Los productores buscan soluciones ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural por el tema de la cuota energética; ante la Comisión Federal de Electricidad por convenios tripartitas relacionados con costos de energía; y ante la Comisión Nacional del Agua para la autorización de subsidios vinculados al campo.
En el plano político, el movimiento endureció su posición frente al gobierno estatal. Los manifestantes advirtieron que no aceptarán negociaciones con el secretario general de Gobierno ni con el subsecretario del campo, funcionarios a quienes responsabilizan por la falta de capacidad política para resolver el conflicto y por la respuesta de fuerza aplicada durante las protestas.
La entrada de Aguascalientes al conflicto introduce además un elemento de presión regional. Mientras el gobierno zacatecano enfrenta cuestionamientos por el incumplimiento de acuerdos firmados y por el manejo de la protesta social, otra administración estatal aparece como interlocutora capaz de ofrecer una salida inmediata, aunque parcial, al problema del acopio.
El acuerdo no resuelve el fondo del conflicto. Cien toneladas representan apenas una fracción de las mil 500 pendientes y una parte menor de la producción afectada. Sin embargo, el gesto político tiene un impacto mayor que su dimensión comercial: desplaza el centro de gravedad de la negociación y coloca bajo escrutinio la capacidad institucional del gobierno zacatecano para responder a una de las crisis rurales más delicadas de los últimos meses.
LNY | Redacción