Ciudad de México.- Miles de niñas y niños permanecen detenidos en la incertidumbre de los albergues. La senadora Geovanna Bañuelos (PT) exigió ayer al Sistema Nacional DIF y sus homólogos estatales agilizar los trámites de adopción en todo México. Buscan garantizar el bienestar emocional y el desarrollo integral de la niñez, hoy atrapada en procesos que duran años.
Bañuelos presentó un punto de acuerdo ante el Senado de la República. Pidió revisar, evaluar y hacer transparentes los procesos administrativos que impiden a las infancias encontrar un hogar. Solicitó crear un mecanismo permanente de seguimiento interinstitucional, con participación activa de organizaciones especializadas, para fortalecer la eficiencia en las 32 entidades.
La adopción, recordó la legisladora, constituye una institución jurídica destinada a garantizar el derecho fundamental de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia. Este principio está establecido en la Constitución Política y en la Ley General de los Derechos de la Niñez. El espíritu de la ley contrasta con la realidad del sistema. Persisten grandes retos, derivados de una burocracia excesiva, falta de coordinación entre autoridades y criterios dispares a nivel estatal.
El tiempo de espera para culminar el proceso de adopción puede extenderse de uno a tres años. En algunos casos, el trámite supera este lapso, dependiendo de la entidad federativa. A la lentitud se suman múltiples requisitos que funcionan como filtros ineficientes. Las familias deben presentar evaluaciones psicológicas, estudios socioeconómicos, certificaciones médicas y tomar cursos de sensibilización. Si bien las medidas buscan proteger al menor, en la práctica desincentivan a quienes buscan formar una familia.
Identifican la falta de transparencia y una deficiente coordinación interinstitucional como obstáculos críticos. No existe una base de datos nacional actualizada que concentre con rigor la información de los menores susceptibles de ser adoptados y de las familias solicitantes. Peor aún, una visión discriminatoria persiste hacia perfiles de adoptantes que la ley ya reconoce. Personas solteras o parejas del mismo sexo enfrentan obstáculos y prejuicios, pese a que la legislación mexicana avala su capacidad para adoptar.
La líder del Partido del Trabajo aseguró que el Estado mexicano tiene una responsabilidad indeclinable en la protección de la niñez. La adopción debe integrarse a la agenda nacional de bienestar. Para ello, resulta indispensable fortalecer la coordinación entre el Sistema Nacional DIF y sus homólogos estatales, además de estandarizar criterios. Es vital capacitar al personal en perspectiva de infancia y establecer mecanismos de supervisión que garanticen que los procedimientos responden al interés superior de cada involucrado.
El derecho a una familia, consagrado en la ley, sigue naufragando en los lentos y prejuiciosos pasillos de la administración pública.
LNY | Redacción