Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó este lunes en comisiones la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, una medida que el Partido Acción Nacional (PAN) apoyó por considerarla una causa justa, aunque denunció que su implementación gradual hasta 2030 y el aumento de horas extras desvirtúan el beneficio inmediato para los trabajadores mexicanos.
La resolución, emanada de la Primera Reunión Ordinaria de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo Social, modifica el artículo 123 de la Constitución bajo un esquema que ha generado una profunda división interpretativa entre las fuerzas políticas. El núcleo del conflicto radica en el régimen transitorio de la ley, que posterga la vigencia plena de la jornada reducida hasta el año 2030. Esta dilación es señalada por la oposición como una maniobra que despoja a la reforma de su eficacia actual, transformando una demanda social histórica en una promesa a largo plazo que no resuelve las necesidades urgentes del sector laboral.
Desde la bancada del PAN, la vicecoordinadora Noemí Luna Ayala ha condicionado el éxito de la medida a la garantía real de dos días de descanso efectivo. La legisladora sostiene que la estructura aprobada por la mayoría oficialista mantiene la inercia de los seis días laborales y, de manera contraproducente, amplía el margen legal de las horas extraordinarias de nueve a doce por semana. Este diseño técnico sugiere que la reducción de la jornada ordinaria podría verse compensada por un incremento en la carga de trabajo adicional, lo que anularía el propósito de dignificar el tiempo personal y familiar del empleado.
El contexto económico añade una capa de complejidad al debate parlamentario. La oposición subraya una desaceleración persistente en la creación de empleo formal, contrastando los más de 700 mil puestos generados en el último año del sexenio anterior frente a los escasos 90 mil 879 registrados en el periodo reciente. Bajo esta premisa, la sostenibilidad de la reforma exige un equilibrio que incluya incentivos fiscales para las micro y pequeñas empresas, las cuales sostienen el grueso de la empleabilidad en el país y carecen de la infraestructura financiera para absorber cambios drásticos en sus costos operativos sin apoyo institucional.
La relevancia de este hecho trasciende la modificación normativa para situarse en el terreno de las expectativas sociales y la estabilidad productiva. Mientras el oficialismo defiende la gradualidad como una vía responsable para la transición económica, las voces críticas advierten sobre el riesgo de generar una ficción legal donde el trabajador sigue sujeto a jornadas extensas mediante mecanismos de excepción. La institucionalidad del país enfrenta ahora el reto de legislar no solo sobre el papel, sino sobre la realidad de un mercado laboral que demanda simultáneamente justicia social, productividad y viabilidad empresarial.
LNY | Redacción