MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
El pasado 23 de enero, en el municipio de Concordia, fueron secuestrados diez trabajadores de una mina de plata y oro propiedad de la empresa canadiense Vizsla Silver Group.
Días después, en una fosa clandestina localizada en un predio de la comunidad de El Verde, fueron hallados cinco cuerpos de mineros; entre ellos, los de los zacatecanos José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores. Ambos se habían trasladado, con gran esfuerzo, desde Zacatecas hacia Sinaloa en busca de mejores oportunidades laborales; sin embargo, fueron secuestrados y posteriormente privados de la vida a manos de cárteles de la delincuencia organizada.
Los otros cinco mineros continúan en calidad de desaparecidos.
Estos terribles hechos generaron que trabajadores del sector minero, familiares, estudiantes y amigos de los mineros desaparecidos marcharan en varios estados como Zacatecas, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Guerrero, Durango, San Luis Potosí e Hidalgo, con una exigencia contundente justicia para José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores y el resto de mineros asesinados; asimismo solicitaron la localización inmediata con vida de los mineros desaparecidos.
Las circunstancias y los motivos de la desaparición de estos mineros aún no han sido plenamente esclarecidos por las autoridades. En un primer momento, se señaló que el hecho pudo derivar de una confusión; sin embargo, posteriormente se mencionó la posible existencia de un intento de extorsión, en el que presuntamente grupos delictivos exigían recursos a la empresa minera. Por su parte, la empresa canadiense Vizsla Silver Group emitió un comunicado en el que afirmó mantener una política de “cero tolerancia frente al soborno, la corrupción, la extorsión y cualquier forma de conducta ilegal o no ética…”.
Estos lamentables hechos evidencian varios aspectos profundamente preocupantes. La región de Concordia, en Sinaloa, al igual que otras zonas mineras del país, se encuentra gravemente afectada por la presencia de la delincuencia organizada, mientras que la estrategia de seguridad del gobierno ha resultado insuficiente para garantizar condiciones de paz y legalidad.
La mayoría de las personas habitantes de las comunidades cercanas se han visto forzadas a desplazarse hacia otros lugares; quienes permanecen lo hacen en un contexto de miedo e inseguridad constantes. Asimismo, la desaparición de personas se ha convertido en una práctica utilizada por la delincuencia organizada como mecanismo de presión y extorsión, que lamentablemente impacta a jóvenes trabajadores como los mineros originarios de Cañitas de Felipe Pescador y Sombrerete.
Estos actos delictivos generan, además, un impacto económico negativo derivado de la paralización de actividades mineras, lo que afecta a la población trabajadora, a prestadores de servicios y a las comunidades en general. Asimismo, inciden en la decisión de las empresas respecto de mantener o reubicar sus inversiones fuera de estas regiones.
El impacto más grave es el daño irreparable a las familias de los mineros: no solo se truncó la vida de José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, sino que también se ocasionó una profunda afectación a sus madres y padres, hermanas y hermanos, amigos y comunidades.
En un país marcado por la violencia, resulta particularmente doloroso constatar cómo jóvenes que se esforzaron por estudiar y trabajar en actividades lícitas y productivas pierden la vida a causa de estas prácticas delictivas. Esto genera desesperanza, angustia y una profunda sensación de vulnerabilidad social.
La tragedia ocurrida en Concordia, Sinaloa, no debe considerarse un dato más de la estadística de violencia en México, porque detrás de cada víctima hay una historia de esfuerzo, dedicación y trabajo arduo; hay familias que, con gran sacrificio, dieron estudio a sus hijos en aras de que tuvieran un futuro promisorio.
En nuestro país no puede normalizarse que jóvenes trabajadores que migran de sus comunidades de origen en busca de oportunidades laborales, regresen sin vida en ataúdes, dejando en sus familiares un vacío irreparable y a la sociedad marcada por el terror y la incertidumbre; ni que la desaparición y el homicidio se conviertan en riesgos inherentes al trabajo honesto. Menos aún puede aceptarse vivir en la zozobra de salir de casa para trabajar sin saber si se regresará con vida.
La protección y seguridad de las personas trabajadoras, particularmente en regiones afectadas por la delincuencia organizada, debe ser una prioridad ineludible del Estado y una responsabilidad compartida con las empresas que operan en dichos territorios.
La memoria de José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, así como la de todos los mineros asesinados y desaparecidos, exige a las autoridades verdad, justicia y reparación integral. Pero, sobre todo, exige garantías efectivas de no repetición que impidan que otras familias vuelvan a atravesar el mismo dolor.
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Columnista social con formación y militancia
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