Zacatecas, Zac.- El hallazgo no nació de una oficina ni de un escritorio. Nació del instinto, de la desesperación organizada y de la terquedad de quienes se negaron a aceptar el silencio como respuesta. Fueron los propios mineros de Zacatecas, compañeros de los desaparecidos, quienes empujaron la búsqueda cuando todavía reinaba la incertidumbre. Ese gesto —obrero, horizontal, humano— es hoy el punto de partida de una de las investigaciones más dolorosas del inicio de 2026.
Diez trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp fueron secuestrados el 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa. Ingenieros, geólogos, técnicos. Hombres especializados que habían llegado al sur sinaloense para explorar, medir, perforar. Llegaron con cascos y planos. Salieron escoltados por hombres armados.
El secuestro ocurrió en las inmediaciones del fraccionamiento La Clementina, zona donde los empleados realizaban labores tanto para Vizsla Silver como para la empresa CICAR SA de CV. No hubo enfrentamiento. No hubo rescate inmediato. Hubo, primero, vacío.
Ese vacío empezó a romperse gracias a un dato que corrió entre cuadrillas mineras, entre sindicatos informales, entre familias que se hablan por teléfono sin grabadoras. Un dato que llevó a un predio de la comunidad de El Verde, a unos 14 kilómetros de la cabecera municipal de Concordia.
Ahí, el 6 de febrero, apareció la primera fosa clandestina.
El despliegue fue inmediato: Guardia Nacional, Ejército Mexicano, personal ministerial. La Fiscalía General de la República informó con cautela la localización de un cuerpo con características similares a uno de los trabajadores desaparecidos. Nada más. Pero en paralelo, los familiares ya se preparaban para lo inevitable: la toma de muestras genéticas.
Dos días después, el 8 de febrero, llegó la primera confirmación: José Ángel Hernández Vélez, ingeniero de 37 años, originario de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas. Once meses llevaba trabajando en el proyecto minero. Once meses bastaron para convertir su nombre en estadística.
Luego vinieron otros.
Ignacio Aurelio Salazar Flores, ingeniero, originario de Sombrerete, Zacatecas.
José Manuel Castañeda Hernández, geólogo.
Las identificaciones fueron validadas por instancias académicas como la Universidad Autónoma de Zacatecas y acompañadas públicamente por voces políticas, entre ellas la senadora Geovanna Bañuelos, quien expresó su solidaridad con las familias.
Pero el horror no terminó ahí.
Fuentes oficiales han reconocido la identificación de hasta cinco cuerpos y el hallazgo de diez en total. Sin embargo, colectivos de búsqueda que trabajan directamente en campo manejan otra cifra. Mucho más grande.
El colectivo Madres Buscadoras de Sonora ha calificado el sitio como un “cementerio clandestino”. Aseguran contar con información anónima y verificada que apunta a la posible existencia de más de 20 cuerpos enterrados en ese predio. De confirmarse, la fosa no sería únicamente el destino final de los mineros secuestrados, sino parte de un patrón criminal más amplio.
La diferencia entre cifras no es un detalle técnico. Es un síntoma. Muestra el abismo entre la narrativa institucional y la realidad que pisan quienes excavan con picos, varillas y manos.
En el plano oficial, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el crimen está vinculado a una célula de Los Chapitos que opera en la región. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo el caso.
Hasta ahora, se reporta la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con el secuestro y asesinato, así como el aseguramiento de un arsenal oculto en un vehículo abandonado durante los operativos en la zona serrana.
Son avances. Pero no son cierre.
Vizsla Silver Corp, desde Canadá, emitió un comunicado en el que expresó su devastación por la pérdida de sus colaboradores y anunció la suspensión de operaciones en Concordia como medida preventiva mientras continúan las investigaciones y la búsqueda de los trabajadores que aún no han sido localizados.
La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México exigió justicia y un reforzamiento de la seguridad en regiones mineras, muchas de las cuales hoy operan dentro de corredores dominados por grupos criminales.
Mientras tanto, colectivos como Sabuesos Guerreras y Por las Voces sin Justicia denuncian hermetismo, obstáculos y falta de transparencia. Señalan que la información llega tarde, fragmentada, dosificada. Que las familias se enteran primero por filtraciones que por comunicados oficiales.
Entre los nombres que siguen sin confirmación plena figuran Francisco Antonio Esparza Yáñez, Saúl Alberto Ochoa Pérez y Antonio de la O Valdez, entre otros.
Cada nombre es un expediente abierto.
Cada expediente es una familia suspendida en el tiempo.
El caso de Concordia desnuda una verdad incómoda: en amplias zonas del país, la frontera entre trabajo legal y territorio criminal se ha vuelto invisible. Se perfora donde también se ejecuta. Se mide donde también se entierra.
Y, sin embargo, en medio de esa oscuridad, hubo una luz inicial que no vino del poder.
Vino de los propios mineros de Zacatecas.
Ellos empujaron la búsqueda.
Ellos se negaron a olvidar.
Ellos abrieron la tierra.
En un país acostumbrado a que las fosas hablen cuando el Estado calla, esta vez hablaron primero los trabajadores.
Y ese dato lo cambia todo.
LNY | Redacción