Zacatecas, Zac.- La presentación de una denuncia formal contra el Gobierno de Zacatecas por el presunto desacato a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tensionado la relación entre los poderes del Estado. La acción legal, interpuesta por el despacho Studio Legale ante la Secretaría de la Función Pública y la Legislatura, señala al gobernador David Monreal Ávila y al secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, por violaciones estructurales a la Constitución y uso indebido de recursos públicos.
El conflicto surge tras la negativa del Ejecutivo a cumplir con el fallo del máximo tribunal que garantiza el pago de un aguinaldo de 60 días a los pensionados del Issstezac que cotizaron antes de la reforma de 2024, argumentando una supuesta quiebra técnica del instituto.
La controversia radica en la colisión entre la supremacía constitucional y la narrativa de inviabilidad financiera esgrimida por la administración estatal. Mientras la SCJN determinó en enero de 2026 que los derechos de seguridad social son incondicionales frente a criterios económicos, el Ejecutivo ha calificado el sistema como “tronado”. Esta postura, según los denunciantes encabezados por el abogado Jorge Rada Luévano, no es solo una discrepancia política, sino una estrategia institucional para deslegitimar una resolución judicial firme. La denuncia sostiene que las autoridades han incurrido en faltas administrativas al utilizar el aparato estatal para cuestionar la obligatoriedad de derechos ya ratificados por la justicia.
Un aspecto central de la demanda es la solicitud de auditar el presupuesto destinado a comunicación social. Los litigantes exigen transparencia sobre los convenios con medios de comunicación que han difundido las declaraciones gubernamentales contra el Issstezac. El equipo legal aclara que el objetivo no es coartar la libertad de prensa, sino verificar si se han empleado fondos públicos para amplificar un discurso que erosiona la certeza jurídica y desconoce el orden constitucional en el espacio público. Esta medida busca determinar si el Estado utiliza recursos de la ciudadanía para combatir activamente las decisiones del Poder Judicial.
En el plano social, el conflicto afecta directamente a una decena de pensionados que suscriben la denuncia, quienes denuncian una vulneración sistemática de sus derechos adquiridos. Los afectados rechazan que la narrativa de crisis financiera sea utilizada para normalizar el desacato a la instancia judicial más alta del país. La falta de una fecha definida para la sesión de la Junta Directiva del Issstezac agrava la incertidumbre sobre la operatividad del organismo, cuya crisis se ha convertido en un campo de batalla legal y político.
El desenlace de este proceso ante el Congreso y la Función Pública marcará un precedente sobre los límites del discurso oficial frente a los mandatos judiciales. Lo que comenzó como una disputa por prestaciones laborales ha escalado a un debate sobre la calidad democrática en Zacatecas. El cumplimiento de la ley no es una opción sujeta a la disponibilidad presupuestaria, sino una obligación que define la viabilidad de las instituciones. La resolución de este conflicto determinará si el Estado de derecho prevalece sobre los intereses políticos y las dificultades financieras de la gestión pública.
LNY | Redacción