Zacatecas, Zac.- La Segunda Sala Penal del Poder Judicial de Zacatecas declaró improcedente el recurso de recusación presentado por Jenny González Arenas, secretaria general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), contra la jueza de control Esmeralda Castro Dávila. La magistratura determinó que la solicitud fue interpuesta de manera extemporánea, pese a que la defensa de González Arenas argumentó que la jueza tenía un vínculo familiar con los abogados de sus denunciantes, lo que —según su postura— la inhabilitaba legalmente para conocer del caso.
El 17 de mayo, Castro Dávila vinculó a proceso a González Arenas por el delito de administración fraudulenta. Tres días después, el 20 y 21 de mayo, la sindicalista interpuso dos recursos: uno para recusar a la jueza y otro para solicitar la anulación de la audiencia inicial, alegando violaciones al debido proceso y a su derecho a un tribunal imparcial. Sin embargo, los magistrados Arturo Nahle García, Juan Antonio Ortega y Miguel Ruiz Robles resolvieron que la recusación debió presentarse antes del 12 de mayo, fecha en que, según González Arenas, aún desconocía el parentesco de la jueza con los abogados contrarios.
González Arenas anunció que su defensa interpondrá un juicio de amparo ante la justicia federal, al considerar que la resolución ignora lo establecido en el Código Penal, que permite la recusación una vez que las partes conocen las causas de impedimento. “Nosotros tuvimos conocimiento hasta el 19 de mayo, pero eso pareció no importar”, declaró.
La dirigente sindical acusó al Poder Judicial y a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de parcialidad, señalando que su caso responde a una “persecución” con irregularidades. Además, denunció inacción de las autoridades ante sus denuncias por amenazas y agresiones en su contra, mientras que la investigación en su perjuicio avanzó rápidamente.
Mencionó también que Carlos Villegas Márquez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, hizo declaraciones públicas sobre el caso, lo que —según ella— influyó indebidamente en los jueces. Mientras tanto, sigue pendiente la resolución sobre la nulidad de la audiencia que la vinculó a proceso.
LNY/Redacción
