MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
Durante la discusión de la miscelánea fiscal 2026 en el Senado de la República, volvió a colocarse en el centro de debate parlamentario la restitución del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios, conocido como Fondo Minero. Sin embargo, con 52 votos en contra de la mayoría de los legisladores y 45 votos a favor, no se aprobó y con ello se perdió la oportunidad de regresar, a los estados y municipios con actividad minera, parte de la riqueza extraída de su subsuelo.
El Fondo Minero fue creado en 2013, mediante reformas a diversos ordenamientos legales que establecieron el cobro de contribuciones a las empresas dedicadas a la actividad minera. Los recursos obtenidos, se destinarían a municipios ubicados en regiones de extracción minera, con el propósito de promover el desarrollo y la infraestructura local, así como mitigar los efectos negativos derivados de la minería.
Entre 2014 y 2017, el Fondo contempló más de 9,269 mil 987 millones de pesos destinados para municipios de 24 estados de la república, entre ellos, Zacatecas, Sonora, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí, Guerrero, Coahuila, Hidalgo, entre otros.
El Fondo Minero operaba a través de un fideicomiso público, mediante el cual los recursos se distribuían a los municipios y los estados. Sin embargo, en 2019 debido a presuntas denuncias de corrupción en su manejo, el fideicomiso fue eliminado por disposición del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. A partir de esa decisión, los recursos pasaron a ser administrados directamente por la Federación, que los canalizó principalmente a la Secretaría de Educación Pública y otras dependencias federales.
Lo anterior significó la centralización del Fondo Minero lo que constituye un golpe al federalismo, ya que deberían ser los estados y municipios con vocación minera quienes reciban el pago de impuestos, derechos u otras contribuciones de parte de las empresas dedicadas a la minería. Dichos recursos deberían destinarse a la construcción de escuelas, caminos, puentes, alumbrado público, obras de agua potable, equipamiento urbano, así como acciones para mitigar impactos negativos de la actividad extractiva.
La centralización del Fondo Minero evidencia cómo las decisiones fiscales del gobierno federal restringen la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios, impidiéndoles recibir los recursos que por derecho les corresponde por la actividad minera en sus territorios y con los cuales pudieran impulsar su desarrollo y progreso.
Lamentablemente, nuevamente fracasó la posibilidad de restituir el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios en la Ley Federal de Derechos, porque los legisladores federales votaron en contra de las modificaciones legales.
Esto es un duro golpe presupuestal para Zacatecas, ya que significa dejar de recibir aproximadamente 1,800 millones de pesos para las arcas municipales correspondientes a los ejercicios 2020-2025, considerando que del 2014 al 2017 se recibieron mas de 2,288 millones de pesos.
Sin embargo, no se trata únicamente de los recursos; es algo mucho más relevante: el desprecio al federalismo fiscal, el debilitamiento de la república, y la injusticia a Zacatecas. A pesar de que la minería es una vocación histórica y económica de nuestro estado, la población no recibe la retribución que le corresponde por esa riqueza, quedando en sus comunidades únicamente el abandono, la contaminación y el desdén de sus gobernantes.
Por lo anteriormente expuesto, podemos afirmar que la restitución del Fondo Minero representaría un acto de justicia para Zacatecas, garantizando la vigencia de la soberanía de nuestra entidad federativa y el fortalecimiento de la autonomía de sus municipios. En contraste, su no restitución atenta directamente contra estos valores fundamentales.
Sobre la Firma
Abogada defensora de derechos y democracia.
lucecita_d@msn.com
BIO completa