OMAR CARRERA
El robo de combustible en México, conocido como huachicoleo, se ha consolidado como uno de los problemas más graves para la seguridad energética y la economía nacional. Según datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), las pérdidas anuales por este delito superan los 15 mil millones de pesos, una cifra que no solo erosiona las finanzas públicas, sino que también financia redes del crimen organizado.
En este contexto, las recientes investigaciones y señalamientos sobre la presunta implicación de altos mandos de la Marina en actividades relacionadas con el huachicoleo han encendido alarmas. Y no es para menos: hablamos de una institución que, durante décadas, ha gozado de un amplio prestigio entre la ciudadanía, considerada como una de las más disciplinadas y confiables en el combate al crimen organizado.
La posible participación de mandos navales en estas prácticas ilícitas representa un punto de inflexión. No se trata únicamente de un caso de corrupción, sino de una traición a la seguridad nacional, porque quienes tienen acceso a información estratégica, despliegue operativo y mando sobre tropas, podrían estar utilizando esa posición para proteger o incluso facilitar el negocio ilegal del robo de combustible.
De confirmarse, estaríamos ante un escenario particularmente delicado: no solo el crimen organizado perforando ductos en zonas rurales, sino estructuras del Estado participando o encubriendo estas operaciones.
La ciudadanía ha depositado históricamente una enorme confianza en las Fuerzas Armadas. Pero esa confianza no puede ni debe ser un cheque en blanco. Por eso, este caso abre un debate necesario: ¿cuáles son los mecanismos de control interno y auditoría que tiene la Marina y otras fuerzas de seguridad? ¿Hasta dónde llegan los sistemas de vigilancia y sanción cuando los señalados son quienes ostentan mayor poder jerárquico?
Lo que se requiere ahora no es un discurso de mano dura ni un deslinde político, sino una investigación exhaustiva, autónoma y transparente. Si se comprueba la participación de altos mandos, deben responder ante la justicia, sin privilegios ni pactos de silencio. Porque el mensaje más dañino sería que mientras campesinos y pobladores son criminalizados por perforar ductos a cambio de unos cuantos pesos, quienes realmente se benefician del negocio, desde posiciones de poder, permanezcan intocables.
El prestigio de la Marina está en juego, pero más allá de la imagen institucional, lo que está en riesgo es la confianza ciudadana en la capacidad del gobierno para mantener limpio el nombre de sus fuerzas armadas. México no necesita simulaciones: necesita respuestas claras, responsables identificados y justicia sin excepciones.
Sobre la Firma
Ingeniero, funcionario estatal y columnista morenista.
omar.carrera@zacatecas.gob.mx
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