Zacatecas, Zac.- El hallazgo de seis cuerpos en la franja limítrofe entre Jalisco y Zacatecas abrió un nuevo capítulo de tensión política y de preocupación por la violencia en la región. Los cadáveres, localizados el martes en la comunidad de Morenitos, municipio de Ojuelos, fueron encontrados maniatados, envueltos en cobijas y bolsas de plástico, con evidentes signos de tortura. Eran cuatro hombres y dos mujeres.
La escena, aislada en un predio despoblado, es la misma que el domingo pasado fue documentada por medios en el municipio de Pinos, Zacatecas. Según el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, entre el domingo y el martes los cuerpos fueron trasladados varios kilómetros, hasta dejarlos de este lado de la frontera. Lemus acusó que este movimiento es intencional y busca alterar las cifras oficiales de homicidios dolosos en su estado.
“Se encontraron los cuerpos en Pinos; medios de comunicación lo testificaron y, de repente, al día siguiente, curiosamente, los mueven del lado de Jalisco”, declaró el gobernador. La denuncia no es menor: en un contexto donde las estadísticas criminales se usan como termómetro del éxito o fracaso de la estrategia de seguridad, seis homicidios más en Jalisco podrían empañar los avances que el gobierno estatal presume en la reducción de asesinatos.
Lemus Navarro dijo haber comunicado el caso a la directora del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional, Marcela Figueroa, y exigió que esos homicidios sean contabilizados como hechos ocurridos en Zacatecas. “Alguien se trató de pasar de listo”, afirmó. La frase tiene un peso político considerable: implica que hay un interés detrás del traslado de los cuerpos, quizá para manipular la estadística, quizá como una advertencia de grupos criminales que operan en los límites estatales.
El mandatario recordó que no es la primera vez que ocurre un hecho similar. Hace dos meses, relató, dos personas fueron asesinadas en Zacatecas y luego dejadas en territorio jalisciense. El gobernador insistió en que el gobierno federal debe intervenir para frenar estos desplazamientos de cuerpos que, además de complicar las investigaciones, distorsionan el mapa criminal del país.
Mientras los gobiernos estatales cruzan acusaciones, la Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación y ordenó revisar cámaras de videovigilancia y buscar testigos que ayuden a esclarecer quién trasladó los cadáveres. Entre el lugar del hallazgo en Zacatecas y la ubicación final en Jalisco hay unos cuatro kilómetros de distancia. Las autoridades buscan determinar cómo y cuándo se realizó el traslado.
Hasta este miércoles, Lemus Navarro no había establecido comunicación directa con el gobernador de Zacatecas, David Monreal, pero sí con Omar García Harfuch, secretario federal de Seguridad, quien fue informado de la situación. La Guardia Nacional mantiene presencia en la zona para evitar nuevos incidentes.
El hallazgo confirma lo que desde hace años documentan periodistas y colectivos en la región: la frontera entre Jalisco y Zacatecas es un corredor donde los cárteles libran una guerra silenciosa. Allí se disputan rutas de trasiego de droga, puntos de halconeo y territorios para el cobro de piso. Los cuerpos maniatados, arrojados en caminos rurales, son mensajes tanto para autoridades como para bandas rivales.
Más allá de la pugna estadística, el hallazgo es un recordatorio brutal de que en esta franja del país la violencia no cede. Para las familias de las víctimas, que aún no han sido identificadas, la prioridad será reconocer los cuerpos, enterrarlos y exigir justicia. Para las autoridades, el reto es mayor: frenar la práctica de mover cadáveres de un estado a otro y garantizar que esta frontera deje de ser una fosa a cielo abierto.
LNY | Redacción