PABLO PEDROZA
Seguramente a quienes acudieron a los primeros encuentros con figuras como Jesús Reyes Heroles –jurista e ideólogo priista, en ese momento presidente nacional del PRI– y Porfirio Muñoz Ledo en 1973, durante la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, no les pasó por la cabeza las consecuencias de lo que se gestaba.
Por la oposición de izquierda acudieron Arnoldo Martínez Verdugo, Heberto Castillo y Gilberto Rincón Gallardo; por la de derecha, José Ángel Conchello y Efraín González Morfín.
También fueron convocados intelectuales y académicos como Enrique González Pedrero, Octavio Paz, Carlos Pereyra y Víctor Flores Olea, además de varios intelectuales considerados reformistas de diversa inclinación ideológica.
Lo que para ellos fueron los primeros acercamientos y concepciones para avanzar en la ampliación de la participación política por cauces legales e institucionales, fue el germen de una actividad más competitiva por parte de los partidos opositores al Revolucionario Institucional.
Veintitrés años después, llegaría el primer presidente de la transición: Vicente Fox Quesada, abanderado por el Partido Acción Nacional.
Dieciocho años más tarde, Andrés Manuel López Obrador, expriista y experredista, logró lo que en los años setenta habría sido imposible: obtener la Presidencia de la República para la izquierda. Con ello, dio un giro de 180 grados al mapa político nacional, inaugurando una nueva etapa hegemónica.
Para abril de 1976, el mismo Jesús Reyes Heroles, ya como secretario de Gobernación, daba paso a “las audiencias públicas que la Comisión Federal Electoral, acatando los deseos del presidente de la República, José López Portillo, llevará a cabo con el propósito de conocer los puntos de vista de partidos políticos, organizaciones y ciudadanos sobre la reforma política que el propio primer mandatario quiere realizar, con dos objetivos: primero, alentar la incorporación de todas las potencialidades políticas del país, para que las diversas fuerzas, por minoritarias que sean, participen en la realización de nuestra unidad democrática; y segundo, ampliar las posibilidades de la representación nacional y garantizar, asimismo, la manifestación plural de las ideas e intereses que concurren en el país”.
Ante tal anuncio, Arnoldo Martínez Verdugo señaló: “para que un verdadero cambio tuviera lugar, era necesario que se garantizaran las condiciones apropiadas para votar. Esto implicaba que cesara la persecución judicial por motivos políticos, que el ‘charrismo’ dejara de ejercer coacción sobre los trabajadores ‘para canalizar su voto’ y que se pusiera fin a la práctica de incorporar al partido oficial, ‘por decisión autoritaria de los burócratas sindicales’, a los trabajadores sindicalizados”.
La doctora por la Universidad de Edimburgo, Ana Victoria Gaxiola Lazcano, documenta que entre el 28 de abril y el 21 de julio de 1977 se celebraron doce audiencias, con la participación de 15 organizaciones políticas, 26 personas a título personal, dos agrupaciones gremiales y el Instituto Mexicano de Estudios Políticos.
Entre los participantes se encontraban los partidos -con o sin registro- Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Comunista Mexicano, Auténtico de la Revolución Mexicana, Popular Socialista, Demócrata Mexicano, Socialista de los Trabajadores, Revolucionario Socialista, Mexicano de los Trabajadores, Unidad de Izquierda, Acción y Unidad Socialista, Obrero y Agrario Mexicano y Obrero Mexicano.
Al revisar sus posturas, se aprecia la coincidencia entre la mayoría de ellas, centradas mayormente en el ámbito electoral. “Entre las propuestas de corte electoral que hicieron los partidos fue que la Comisión Federal Electoral fuera la encargada de organizar, ejecutar y validar los procesos electorales y que en ésta tuviera como parte de sus integrantes a miembros de los partidos registrados”.
“Otra demanda común fue la implementación de la representación proporcional en ambas cámaras del Congreso de la Unión y en autoridades locales. Asimismo, los partidos se manifestaron a favor de un acceso equitativo a los medios de comunicación, y algunos propusieron el financiamiento público de los partidos. Finalmente, cabe resaltar que la mayoría de los partidos solicitaron ante la CFE derechos electorales para el Distrito Federal, el cual, a pesar de ser ‘la entidad más importante del país, por su población y actividad económica’, carecía de ellos”.
El corporativismo también fue parte de la discusión.
“La preocupación por el tema era tal que, inclusive durante la tercera audiencia —en la que el PRI expuso su postura y propuestas—, Abel Vicencio, comisionado del PAN, increpó al representante del PRI respecto a la práctica común de afiliar a los trabajadores sindicalizados a las filas del partido Revolucionario Institucional. La pregunta fue contestada por el senador Blas Chumacero y el diputado Enrique Ramírez y Ramírez. Ambos eran miembros del PRI y, por supuesto, defendieron la adscripción priista de los trabajadores, argumentando que era en pro de la unidad del movimiento obrero que todos los miembros de un sindicato pertenecieran a un mismo partido político, ya que esto tendía a ‘armonizar la defensa de los derechos sociales’ y a evitar conflictos en el seno de dichas organizaciones”.
Arturo Martínez Nateras, dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Michoacana y de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, en una publicación de su perfil de Facebook, nos comparte un listado de comparecientes de esta reforma. Entre otros, aparecen Rafael Aguilar Talamantes, Jorge Cruickshank, Gustavo Gordillo, Francisco Javier Paoli, Octavio Rodríguez Araujo, Demetrio Vallejo, Samuel del Villar, Luis Villoro y Leopoldo Zea.
Ellos, junto a los ya incluidos en las dos entregas anteriores, fueron las voces del andamiaje que cambió la lógica de la participación política en México.
La Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) fue publicada finalmente el 6 de diciembre de 1977. En las discusiones y aprobación del dictamen participó el zacatecano José Guadalupe Cervantes Corona, en ese momento senador y presidente de la Mesa Directiva del Senado. El originario de Teúl, tres años más tarde, sería candidato a gobernador por el Partido Revolucionario Institucional; el penúltimo de los candidatos de esa tradición política. El último sería Arturo Romo; Genaro Borrego fue otra circunstancia.
Más actores participaron en las reformas subsiguientes —”parches”, diría Pablo Gómez—, pero me quedo con los aquí registrados, pues fueron la semilla del hoy.
¿Quiénes, además de Pablo Gómez, serán las voces que, con lucidez y visión incluyente, logren la mejor reforma electoral para la nueva realidad de fuerza hegemónica y participación ciudadana de México?
Por el bien de todos, no las cúpulas, sino las y los mejores.
De Salida
UNO. El martes estuvo en Zacatecas Luisa María Alcalde. Vino a refritearse y a poner —¿el último clavo?— a las aspiraciones de Saúl Monreal, para júbilo de sus detractores y de los antimonrealistas, que cada día son más.
Inmediatamente, sus escuderos salieron con el: “Si tú no me quieres, para eso tengo casa chica”.
DOS. Ayer, en entrevista con el periodista Francisco Esparza, Saúl deslizó el conflicto normativo entre los Estatutos de Morena y la Constitución. Si no logra la candidatura con el PT y el Partido Verde, ¿controversiar los estatutos será el camino?
TRES. Menos días para el informe, y si a los promocionales vamos, la apuesta es 90% seguridad (de algo hay que agarrarse) y 10% algo más.
Previo al informe, se prevé la inauguración del tardado y sobrefacturado C-5, mientras un hotel boutique allá por Acapulco avanza.
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Columnista con experiencia pública y mirada crítica.
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