JULIETA DEL RÍO VENEGAS
En medio del debate público sobre el Poder Judicial, gran parte de la atención se ha centrado únicamente en los ministros de la Suprema Corte “votados”. Sin embargo, es importante recordar que el pasado junio se eligieron más de dos mil 600 cargos clave en todo el país, incluyendo magistraturas administrativas, juezas y jueces, tanto locales como federales.
Hace apenas unos días se conocieron los resultados de varias impugnaciones. Algunos de estos casos revelaron que candidaturas inicialmente descartadas fueron restituidas, y en ciertos casos, con justa razón: mujeres y hombres con verdadera vocación por la justicia que, a pesar de haber ganado en las urnas, fueron excluidos por no pertenecer a los círculos de poder o no contar con “apoyos”. Hoy, su regreso es motivo de alegría. La justicia, aunque tardía, finalmente les alcanzó.
Pero no todo son buenas noticias. También hubo casos en los que personas fueron restituidas a pesar de haber reprobado evaluaciones, no cumplir con el promedio mínimo o carecer de la experiencia requerida. Se trata de perfiles que no solo carecen de la preparación necesaria, sino que representan un riesgo si la justicia queda en sus manos. Esto no lo digo desde la especulación: conozco de primera mano a algunas y algunos, y sé de sus trayectorias, sus actitudes, así como de sus carencias profesionales y éticas.
Lo preocupante no es solo que hayan llegado, sino que el proceso fue opaco, sin transparencia, sin acceso real a la información pública y sin una explicación clara de los criterios utilizados para evaluar y seleccionar.
Mientras tanto, hubo personas que sí merecían estar ahí desde el inicio, pero fueron frenadas por no estar “alineadas” a grupos o intereses. Y pese a todo, lograron ser reconocidas. Casos aislados, sí, pero valiosos, porque confirman que aún es posible hacer justicia con dignidad y sin zalamería.
Es fundamental ahora poner el foco en lo que viene: ¿quiénes tomarán protesta en septiembre? ¿Qué trayectorias tienen? ¿Qué experiencia los respalda? No basta con indignarse una vez. Hay que dar seguimiento a sus resoluciones, porque ahí —y no en los discursos— se sabrá si están realmente comprometidos con la ley, con la Constitución y con el pueblo.
La justicia no puede estar en manos de la ignorancia ni del oportunismo. Tampoco puede ser una cuota política. Y sobre todo, no puede permitir impunidad, especialmente en casos de violencia de género.
La sociedad merece juezas y jueces que entiendan que su papel no es complacer, sino defender derechos. Que lleguen por su capacidad, honestidad y compromiso con la verdad, y no por “acordeones” ni amistades.
Sobre la Firma
Escritora y defensora institucional de la transparencia y los datos
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