JULIETA DEL RÍO VENEGAS
Hay asuntos que llegan a la agenda pública no por iniciativa de las autoridades, sino gracias al trabajo del periodismo de investigación. El caso Broxel es uno de ellos.
Las investigaciones y publicaciones de El Universal colocaron bajo el escrutinio público una serie de contratos, relaciones y decisiones institucionales que hoy requieren explicaciones. Gracias a ese trabajo periodístico, la ciudadanía conoció información que merece ser revisada a fondo. Sin esas investigaciones, probablemente muchas de las preguntas que hoy están sobre la mesa seguirían sin formularse.
Hay que decirlo con claridad: el periodismo no tiene la obligación de resolver los casos ni de sancionar a los responsables. Su tarea es investigar, documentar, preguntar y hacer pública información de interés. La responsabilidad de esclarecer los hechos corresponde a las autoridades, que tienen la obligación de actuar cuando existen elementos que ameritan una revisión.
En el caso Broxel, la empresa ha participado en la prestación de servicios financieros y mecanismos de dispersión de recursos para instituciones públicas. Entre los asuntos que han generado atención están las tarjetas electrónicas para legisladores y los contratos relacionados con vales de despensa para trabajadores del sector público, además de otras relaciones comerciales con dependencias y organismos gubernamentales.
La empresa ha defendido públicamente la legalidad y transparencia de sus procedimientos. Esa postura debe ser escuchada, pero también contrastada con los expedientes, las condiciones de contratación, las propuestas presentadas y los resultados de las revisiones institucionales. Una declaración empresarial no sustituye la fiscalización ni despeja, por sí sola, las dudas que han surgido.
La intervención de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como los señalamientos relacionados con Bancomext, agregan otro elemento a esta historia. Cuando una autoridad identifica aspectos que ameritan revisión, lo procedente es conocer los documentos, las razones de sus observaciones y, sobre todo, las acciones que se tomarán. No basta con emitir una advertencia o reconocer que existen elementos por revisar: la ciudadanía tiene derecho a saber qué sigue y cuáles serán los resultados.
Pero hay otro asunto que merece especial atención: el posible conflicto de interés relacionado con un alto funcionario de Hacienda y un vínculo familiar señalado con el representante legal de Broxel.
Aquí es necesario detenerse en una obligación elemental del servicio público. Quienes trabajan en la administración pública deben presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses. Esta última no es un simple requisito administrativo ni un documento que se entrega para cumplir con la ley y después se archiva. Su propósito es identificar relaciones, intereses y circunstancias que pudieran comprometer la imparcialidad en el ejercicio de un cargo.
Por eso, hay preguntas que deben responderse: ¿el funcionario declaró ese posible vínculo en su declaración de intereses? ¿Informó oportunamente sobre esta circunstancia? ¿Intervino en algún asunto relacionado con la empresa? Y, si existía un conflicto de interés, ¿se excusó de participar en las decisiones correspondientes?
Es importante precisar que un vínculo familiar, por sí mismo, no acredita una falta administrativa. Lo que debe investigarse es si existió una situación que comprometiera la imparcialidad del servidor público, si fue debidamente declarada y si se cumplió con la obligación de excusarse cuando correspondía. La diferencia es fundamental: no se trata de señalar por una relación personal, sino de verificar que el ejercicio de la función pública se haya mantenido al margen de cualquier interés particular.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece mecanismos para prevenir, identificar y sancionar las conductas relacionadas con conflictos de interés. Por ello, el Órgano Interno de Control tiene una tarea fundamental: verificar las declaraciones, revisar si hubo intervención en asuntos vinculados con la empresa y determinar si se cumplieron las obligaciones legales.
También debe informar si ya inició alguna revisión, qué documentos solicitó, qué encontró y si identificó algún riesgo de conflicto de interés. ¿Se adoptaron medidas preventivas? ¿Se dio vista a alguna otra autoridad? La ciudadanía no necesita respuestas evasivas ni declaraciones generales, sino información sustentada en documentos y actuaciones oficiales.
La revisión tampoco debe limitarse a un solo funcionario. Es necesario examinar a las instituciones que contrataron los servicios de Broxel: cómo se realizaron los procedimientos, quiénes evaluaron las propuestas, cuáles fueron los criterios técnicos y económicos, si existió competencia efectiva y si los servicios contratados se prestaron conforme a lo establecido.
La especialización técnica de una empresa no puede convertirse en un privilegio ni en una justificación para cerrar la puerta a la competencia. En las contrataciones públicas deben prevalecer la legalidad, la transparencia, las mejores condiciones para el Estado y la rendición de cuentas. Cuando se utilizan recursos públicos, cada decisión debe estar debidamente justificada y documentada.
No se trata de condenar anticipadamente a una empresa o a un servidor público. Se trata de exigir que cada institución cumpla con su responsabilidad, que los hechos se documenten y que, si se acreditan irregularidades, se determinen las responsabilidades correspondientes. Las autoridades no pueden seguir evadiendo los asuntos incómodos ni justificar su inacción mirando hacia el pasado. Tanto en el caso Broxel como en los señalamientos relacionados con el INE, lo que corresponde es investigar y actuar. La rendición de cuentas no puede depender de la conveniencia política.
Hay una lección que no debemos perder de vista: si hoy hablamos de Broxel y de posibles conflictos de interés, es también porque hubo periodistas que investigaron y publicaron información de interés público. Ese trabajo merece reconocimiento, no descalificaciones ni intentos de minimizarlo. El periodismo de investigación cumple una función indispensable en una democracia: pone bajo escrutinio decisiones que involucran recursos públicos y obliga a preguntar aquello que las instituciones, en ocasiones, preferirían no explicar.
Ahora corresponde a las autoridades demostrar que la vigilancia institucional funciona. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno debe informar sobre sus actuaciones; los órganos internos de control deben revisar y documentar; las instituciones contratantes tienen que transparentar sus expedientes, y los servidores públicos señalados deben aclarar lo que corresponda.
El periodismo puso los hechos y las preguntas sobre la mesa. La obligación de responder es de quienes ejercen el poder y administran recursos públicos.
Porque la transparencia no consiste únicamente en publicar declaraciones patrimoniales, contratos o procedimientos de adjudicación. Consiste en que esos documentos permitan detectar riesgos, prevenir abusos, identificar posibles conflictos de interés y, sobre todo, exigir cuentas.
Sin periodismo de investigación, muchos asuntos permanecerían ocultos. Sin instituciones dispuestas a investigar, la información se quedaría en denuncia. Y sin rendición de cuentas, la ciudadanía seguiría sin saber qué ocurrió con sus recursos.
Sobre la Firma
Escritora y defensora institucional de la transparencia y los datos
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