CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
La Universidad Autónoma de Zacatecas tiene un problema que ya no cabe en sus aulas.
Empezó con prestaciones laborales pendientes y desembocó en un paro general, pero lo que dejó al descubierto es una discusión mucho más vieja: quién paga lo que la institución acumuló durante años y quién está dispuesto a asumir el costo político de reconocer que las finanzas universitarias ya no alcanzan.
El miércoles 4 de noviembre, el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) anunció un paro general ante lo que consideró una respuesta insuficiente de la Rectoría a su pliego petitorio. Al día siguiente, las banderas rojinegras llegaron a los centros universitarios.
El viernes 6, la protesta se concentró en el Campus 2. El sindicato habló de 15 mil estudiantes afectados, más de 400 trabajadores involucrados y prestaciones pendientes desde septiembre. Setenta y siete docentes, precisó después, esperaban respuesta formal desde abril.
El secretario general del SPAUAZ, Carlos Aréchiga Flores, sostuvo que no hay respuestas puntuales ni soluciones concretas. El reclamo está en la cláusula 41, fracción XI, que contempla una prestación por 25 años de servicio. Para los trabajadores, el contrato colectivo no admite interpretaciones que terminen por desconocer sus derechos. La Rectoría lo interpreta de otra manera.
El rector Ángel Román Gutiérrez sostiene, con base en cuatro resoluciones judiciales, que ese beneficio corresponde a docentes que ingresaron antes de 1991.
Según la interpretación jurídica de Rectoría, extenderlo a quienes se incorporaron después implicaría un gasto que podría llegar a los 800 millones de pesos. Hay alrededor de 183 trabajadores en activo que ingresaron antes de ese año y cerca de 644 docentes jubilados.
El sindicato, entretanto, reclama un adeudo superior a los 100 millones. Son cifras que no pueden ponerse en la misma columna sin aclarar qué conceptos incluye cada una, a quiénes alcanza y qué periodos abarca.
En medio de esa diferencia está la nómina, que también entró a la negociación. El sindicato pidió información precisa sobre las percepciones de los funcionarios universitarios.
La Rectoría respondió que los datos están disponibles en el Portal Nacional de Transparencia y que ya los había entregado, pero volvió a entregarlos. La administración pidió entonces agotar las mesas bilaterales antes de suspender las clases.
El argumento parecía razonable hasta que llegó el martes. El comité decidió continuar el paro y, este miércoles, acordó hacerlo por tiempo indefinido. La entrega de documentos no consiguió lo que debía conseguir una negociación: acercar posiciones.
La Universidad tiene derecho a exigir que no se interrumpan las actividades académicas. El sindicato, a reclamar que las obligaciones laborales no se queden en promesas aplazadas. Y entre ambas posiciones, miles de estudiantes vuelven a pagar una factura que no generaron.
Pero la discusión no termina en la cláusula 41. El rector anunció un programa de ahorro de alrededor de 130 millones de pesos para 2027, con la revisión de salarios de funcionarios, la reducción de estructuras y el regreso a las aulas de entre mil 500 y dos mil horas de trabajo que hoy cubre personal de confianza.
En 2026, los recortes en transporte, viáticos, arrendamientos, congresos y otros gastos permitieron ahorrar cerca de 71 millones. Alcanzaron para cubrir las quincenas hasta la segunda mitad de diciembre. No para resolver el problema.
La institución requiere más de 700 millones de pesos para cubrir sus necesidades ordinarias al cierre del ejercicio, además de prestaciones pendientes.
Y aquí hay una coincidencia: los 700 millones son también la cantidad adicional anual que la UAZ le pide al Gobierno estatal para equilibrar su presupuesto. La misma cifra, tres problemas distintos. Mezclarlos no ayuda a entender la crisis; hay que separarlos para poder discutirla.
El todavía inquilino de La Casa de los Perros salió a defender la aportación de su administración. El gobernador David Monreal Ávila aseguró que el subsidio estatal pasó de 534 millones de pesos en 2021 a 941.32 millones en 2026, un crecimiento de 76 por ciento. La Federación, en cambio, redujo su aportación de dos mil 240.72 millones en 2024 a mil 973.09 millones en 2026.
También recordó los casi 500 millones adicionales destinados al pago del ISR durante 2024 y 2025, así como los 286.75 millones invertidos en infraestructura universitaria.
Las cifras tienen sustento en los montos que presentó, pero cuentan una historia incompleta si se usan para cerrar la discusión. Que el Estado haya aumentado su contribución no significa que la Universidad haya resuelto sus obligaciones.
El recorte federal, por su parte, tampoco explica por sí solo cómo se administraron los presupuestos ni por qué se acumularon los pasivos.
Monreal ofreció un fondo inicial de entre 200 y 300 millones de pesos para sanear compromisos por prestaciones, aunque pidió una reforma estructural.
El rector, por su parte, planteó recuperar el fideicomiso de pensiones y jubilaciones que debió crearse desde 1991 y anunció un estudio actuarial. El problema que hoy detiene las clases tiene raíces de tres décadas. Es demasiado tiempo para que alguien pueda declararse ajeno.
La propuesta de ahorro, el fideicomiso y el eventual apoyo estatal pueden abrir una salida. Pero también obligan a hacer preguntas que durante años parecieron incómodas: quién autorizó los compromisos, quién debía garantizar su financiamiento, qué decisiones se postergaron y qué reformas están dispuestos a aceptar quienes hoy gobiernan la Universidad.
La UAZ no puede convertirse en rehén de sus disputas internas, pero tampoco puede pedir a sus trabajadores que renuncien a derechos sin una explicación jurídica y financiera transparente. Y menos todavía permitir que sus estudiantes se acostumbren a que cada crisis administrativa se resuelva cerrando las aulas.
Una universidad pública no se sostiene solo con presupuesto. Necesita confianza y rendición de cuentas. La deuda no nació esta semana, y el paro tampoco la va a pagar.
Las generaciones pasan. Las deudas se quedan.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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