Zacatecas, Zac.- La Secretaría de la Función Pública de Zacatecas investiga a un trabajador del SEDIF que, en estado de ebriedad, desbarrancó una camioneta oficial el sábado en el Paseo Díaz Ordaz, en la capital. Anunció una sanción ejemplar por mal uso de bienes estatales y por conducir alcoholizado.
De acuerdo con los reportes, el vehículo, una pick-up blanca con logotipos institucionales, cayó cerca de 30 metros a la altura del mirador. Ante el aviso de una persona presuntamente prensada, acudieron Protección Civil Municipal y Bomberos. Los paramédicos comprobaron que el conductor no tenía lesiones graves ni estaba atrapado, y que permanecía dormido por la intoxicación. Al despertar pidió agua. Las autoridades no han revelado su nombre ni su cargo.
El caso se conoció por las redes sociales de Protección Civil Municipal, que difundió fotografías de la unidad y del rescate. La publicación, titulada “No andaba muerto… andaba de parranda…”, usó un tono informal sobre el estado del conductor.
El titular de la SFP, Ernesto González Romo, afirmó que el caso no quedará impune y que manejar bajo los efectos del alcohol pone en riesgo la vida del conductor y de terceros. Sostuvo que la estabilidad laboral y las prestaciones de los servidores públicos exigen un actuar responsable. También desaprobó el tono del comunicado municipal y señaló que un hecho con riesgos viales debe informarse con rigor institucional.
El presidente municipal, Miguel Ángel Varela Pinedo, cuestionó en redes sociales la posibilidad de que existan criterios distintos de fiscalización según la dependencia del infractor. Preguntó qué trato habría recibido un funcionario de la nómina municipal en una situación similar. Propuso al gobernador David Monreal Ávila aplicar exámenes antidoping obligatorios a los servidores públicos.
El intercambio refleja la tensión entre el ayuntamiento capitalino, de extracción panista, y el Ejecutivo estatal, de filiación morenista. Lo que comenzó como un accidente atribuido a una conducta individual derivó en un debate sobre la responsabilidad de los funcionarios, el uso del patrimonio estatal y los estándares de comunicación institucional.
LNY | Redacción