JULIETA DEL RÍO VENEGAS
Este sábado 15 de agosto vencerá el plazo para vincular las líneas celulares cuyo número termine en 0, conforme al calendario establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Quienes no realicen el procedimiento podrían quedarse sin servicio durante las 72 horas posteriores; es decir, las suspensiones podrían concretarse, en teoría, a más tardar el martes 18.
Hoy el celular es una herramienta que acompaña prácticamente todas las actividades de nuestra vida cotidiana: trabajo, educación, banca, comercio, comunicación, acceso a plataformas digitales, autenticación de identidad y, en muchos casos, consulta de documentos y uso de aplicaciones indispensables.
Por eso vale la pena recordar la advertencia que ha hecho el periodista y especialista en ciberseguridad Ignacio Gómez Villaseñor, quien desde enero señaló vulnerabilidades relacionadas con el proceso de registro de líneas móviles y advirtió sobre los riesgos derivados de una posible exposición de datos personales. En aquel momento, documentó una vulnerabilidad en la plataforma de registro de Telcel que permitía consultar información de los usuarios sin mecanismos adecuados de autenticación.
Ahora, ante la proximidad de las primeras suspensiones, Ernesto Piedras, director de la consultora The Competitive Intelligence Unit, estima que podrían quedar fuera de servicio entre cuatro y 8.7 millones de líneas en esta primera etapa. La cifra debe tomarse como una estimación y no como un dato oficial de la CRT, porque la autoridad no ha informado cuántas líneas pendientes de vinculación corresponden específicamente al bloque con terminación 0. Sin embargo, la dimensión potencial del problema merece atención.
¿Cuántas líneas faltan por vincular? Al 5 de agosto, la propia CRT reportaba 69 millones 666 mil 315 líneas asociadas a una identidad, equivalentes al 48.18 por ciento del total. El contraste es importante: alrededor de 74.9 millones de líneas, es decir, más del 51 por ciento, todavía no habían sido vinculadas.
Y aquí comienza mi preocupación. Una cosa es establecer una política para combatir la delincuencia y otra muy distinta es asumir que la identificación masiva de usuarios, por sí misma, resolverá el problema de la extorsión. La pregunta inevitable es: ¿está funcionando?
La justificación de esta medida es combatir delitos como la extorsión, el fraude telefónico y el secuestro virtual. Pero si ese es el objetivo, tenemos derecho a preguntar cuáles son los resultados, porque registrar millones de líneas y obligar a los ciudadanos a entregar información personal tiene un costo. Ese costo solo puede justificarse si la medida es eficaz, proporcional y realmente contribuye a reducir los delitos que pretende combatir.
Los indicadores oficiales pueden mostrar avances. Sin embargo, la realidad que viven ciudadanos, empresas y municipios también debe ser escuchada. Esos son los indicadores cotidianos: las llamadas de extorsión, los mensajes fraudulentos y los intentos de engaño que continúan llegando todos los días. Esta realidad contrasta con el objetivo de la medida y, hasta ahora, no existe evidencia pública suficiente para afirmar que la vinculación de millones de líneas esté reduciendo estas prácticas.
La extorsión no desaparece porque una línea esté vinculada a una CURP. Los ciberdelincuentes evolucionan, automatizan procesos, utilizan ingeniería social, aplicaciones de mensajería, números extranjeros, llamadas por internet y bases de datos obtenidas ilegalmente. Entonces, ¿por qué cargar el mayor peso de la estrategia sobre el ciudadano?
El otro gran problema: nuestros datos
Mientras el Estado exige que los usuarios vinculen su línea con información que permite identificarlos plenamente, millones de mexicanos seguimos recibiendo llamadas y mensajes de empresas y grupos políticos que parecen conocer nuestros nombres, intereses y preferencias. En épocas electorales la situación se vuelve todavía más delicada y surgen preguntas que alguien debe responder: ¿de dónde obtuvieron nuestros datos?, ¿quién les entregó las bases?, ¿qué empresa de centro de llamadas las está utilizando?, ¿quién autorizó el tratamiento de esa información? Resulta inadmisible.
Si existen empresas o grupos políticos que utilizan bases de datos para enviar mensajes masivos, la autoridad debería investigar su origen y utilización con la misma energía con la que exige al ciudadano identificarse. La protección de datos personales no puede ser de un solo lado. No puede significar únicamente que el ciudadano entregue sus datos para conservar su línea telefónica; también debe significar que quien utilice indebidamente nuestra información enfrente sanciones y consecuencias reales.
El impacto de una suspensión masiva no terminaría en las compañías telefónicas. Alcanzaría también a bancos, empresas, comercios, plataformas digitales y servicios que utilizan el número celular como mecanismo de autenticación. Hoy recibimos por SMS códigos para iniciar sesión, confirmar operaciones o recuperar el acceso a nuestras cuentas.
¿Qué sucederá cuando una persona tenga su línea suspendida y necesite recibir un código de autenticación para entrar a su banca móvil? ¿Qué ocurrirá con quien utiliza el celular como herramienta de trabajo? ¿Qué pasará con una pequeña empresa cuyo contacto principal con sus clientes es un número telefónico? ¿Tienen las instituciones bancarias y las empresas capacidad para atender presencialmente a millones de usuarios si una parte de ellos enfrenta problemas de acceso? No podemos diseñar una política pública mirando solamente el primer eslabón de la cadena.
La advertencia sobre una posible suspensión masiva de líneas obliga a reflexionar. Más allá de la cifra definitiva de usuarios afectados, el debate de fondo es mucho más importante. Un teléfono celular dejó de ser hace mucho tiempo un simple aparato para hacer llamadas. Ahí tenemos nuestras herramientas de trabajo, contactos, aplicaciones bancarias, documentos, autenticadores, información personal y canales de comunicación. Por eso, cuando se suspende una línea, no solamente se deja de prestar un servicio de telecomunicaciones: también se puede estar interrumpiendo el acceso a una parte importante de la vida digital de una persona.
Por ello, considero que el Estado debe responder con claridad y sin evasivas: ¿la medida es eficaz para reducir la extorsión?, ¿es proporcional frente al riesgo de afectar a millones de usuarios?, ¿qué mecanismos de atención existirán para quienes sean suspendidos por error?, ¿qué garantías existen para que los datos que estamos entregando no terminen precisamente en manos de quienes queremos combatir?
La seguridad es una obligación del Estado y la protección de nuestros datos también. Ambas deben caminar juntas, porque estamos hablando de derechos humanos y de servicios que hoy resultan esenciales para ejercerlos. No podemos combatir la delincuencia construyendo, al mismo tiempo, nuevas superficies de riesgo para los ciudadanos.
El 15 de agosto será el primer gran examen de esta política, no solamente para quienes todavía no han vinculado su línea, sino también para la propia autoridad y para las empresas telefónicas responsables de ejecutar las suspensiones y proteger la información recabada. Porque si el propósito era combatir la extorsión y el fraude, los resultados todavía están lejos de ser convincentes. La propia CONDUSEF informó que, entre enero y mayo de 2026, las reclamaciones por posibles fraudes aumentaron 18 por ciento en la banca múltiple respecto del mismo periodo del año anterior.
Y si la promesa era darnos mayor seguridad, los ciudadanos tenemos derecho a preguntar: ¿quién nos protegerá de quienes ahora concentran tanta información sobre nosotros?
Sobre la Firma
Escritora y defensora institucional de la transparencia y los datos
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