CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
La violencia no conoce aduanas. Cruza una brecha de terracería, se esconde en la sierra, cambia de vehículo y sigue su camino mientras los gobiernos discuten dónde termina la responsabilidad de uno y comienza la del otro.
Eso es lo verdaderamente inquietante en el pleito que hoy enfrentan Zacatecas y Durango: no que dos gobiernos se contradigan, sino que, mientras ellos hablan, las organizaciones criminales ya aprendieron hace mucho que las fronteras estatales son apenas líneas dibujadas en un mapa.
El origen está en la tragedia del 18 de julio. Diez personas fueron asesinadas en territorio zacatecano, dos de ellas originarias de Durango.
Después vino el Operativo Rastrillo, con fuerzas estatales y federales, y con él una presión que, de acuerdo con las autoridades zacatecanas, obligó a células criminales a buscar refugio hacia las zonas serranas de Durango.
La respuesta fue reforzar el límite con una Base de Operaciones Interinstitucionales. Hasta ahí, una operación de seguridad. Después llegó la política.
El gobernador priista de Durango, Esteban Villegas, negó tener información oficial sobre ese desplazamiento. Pidió que cualquier dato de inteligencia se compartiera por las vías institucionales y no a través de los medios.
Dijo que Durango estaba tranquilo y pidió, en esencia, que Zacatecas resolviera sus problemas sin “embarrar” a su vecino.
La respuesta zacatecana tuvo nombre y apellido: Rodrigo Reyes Mugüerza. Y aquí conviene detenerse.
El secretario general de Gobierno no respondió con una evasiva ni escondió el dato detrás del lenguaje burocrático. Puso números sobre la mesa.
Según información de la Fiscalía de Zacatecas, durante 2026 han sido detenidas 374 personas foráneas por delitos como narcomenudeo, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Entre ellas, 70 son originarias de Durango.
Es la cifra más alta entre las entidades de procedencia señaladas por el gobierno zacatecano. Además, uno de los dos hombres vinculados a proceso por el multihomicidio del 18 de julio es duranguense.
Rodrigo Reyes fue todavía más lejos. “Si él se sintió embarrado, pues que se limpie”, respondió.
La frase es áspera. Innecesariamente áspera, quizá. Pero detrás de ella hay una pregunta que merece algo más que indignación diplomática: ¿qué debe hacer un gobierno cuando detecta que la presión sobre una organización criminal puede estar desplazándola hacia el territorio vecino? Callar no parece una opción.
El problema es que informar tampoco puede convertirse en acusar sin pruebas. Una cosa es documentar el origen de los detenidos, la presencia de células o los movimientos detectados por inteligencia.
Otra, muy distinta, es afirmar que un gobierno protege o tolera a delincuentes. Ahí está la línea que ambos estados deberían cuidar.
Durango respondió por boca de su secretario general de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, quien reprochó el tono de Rodrigo Reyes y pidió coordinación.
Tiene razón en algo esencial: las organizaciones criminales no reconocen límites administrativos. Pero precisamente por eso resulta insuficiente pedir que el problema se resuelva puertas adentro.
La historia de esa frontera tampoco empezó ayer. La presencia de grupos vinculados con la sierra duranguense en municipios zacatecanos como Sombrerete, Fresnillo, Río Grande y Juan Aldama forma parte de un corredor criminal que ha demostrado capacidad para moverse entre ambos estados.
Y los recientes operativos federales en Durango —con aseguramientos de armas, drogas, vehículos blindados, casas de seguridad y laboratorios— tampoco describen precisamente un territorio ajeno al problema.
Por eso el debate sobre el supuesto “efecto cucaracha” resulta tan desafortunado como revelador.
La seguridad no se gana declarando que el vecino está peor. Tampoco negando que la delincuencia pueda moverse.
Se gana compartiendo inteligencia, cerrando rutas, persiguiendo estructuras y hablando con precisión.
Rodrigo Reyes hizo algo que en seguridad pública suele ser incómodo: puso los datos sobre la mesa. Ahora toca que esos datos se conviertan en inteligencia compartida y no en munición política.
Y es que, mientras los gobiernos discuten quién ensució la casa, los delincuentes ya encontraron la puerta de salida.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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