Zacatecas, Zac.- Al menos siete adolescentes de entre 14 y 18 años desaparecieron a mediados de julio en la Zona Metropolitana de Guadalajara, presuntamente reclutados por el crimen organizado. Sus celulares fueron rastreados hasta Zacatecas, Michoacán y Nayarit, pero el gobierno zacatecano negó el martes que existan campos de adiestramiento en su territorio.
Los siete menores identificados hasta ahora son Jeremi Alejandro Villegas Anaya (14 años), Dominic Gabriel Méndez Jiménez (15), David Emiliano Salas Bonilla (14), Carlos Humberto Corona (14), Giovanny Natanael Flores Vázquez (17), Facundo Vidal Sánchez Sánchez (17) y Brian Eduardo Murillo Aguilar (18). Todos fueron vistos por última vez en los municipios de Tonalá, Zapopan, Tlajomulco y El Salto.
La Fiscalía del Estado, encabezada por la fiscal Blanca Trujillo, sostuvo en un primer momento que los adolescentes habrían abandonado sus hogares por decisión propia, una hipótesis que las familias rechazaron desde el inicio y que el propio gobernador Pablo Lemus terminó por contradecir públicamente al reconocer que la línea de investigación central apunta al reclutamiento forzado por parte de grupos delictivos.
Las madres han aportado evidencia que sostiene esa hipótesis. Marisela Anaya, madre de Jeremi, denunció que su hijo recibió mensajes de despedida en los que se le advertía sobre un traslado a otro estado, además de acoso reiterado por sujetos que lo interceptaban en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque.
Mariana Jiménez, madre de Dominic, localizó conversaciones en redes sociales donde se ofrecía al menor integrarse a estructuras criminales. Martha Leticia Bonilla, madre de David Emiliano, identificó a un excompañero de secundaria de 14 años como presunto captador de su hijo.
Mayra Corona Corona, madre de Carlos Humberto, aportó un dato que desmiente la versión oficial: su hijo salió de casa con el celular descompuesto, por lo que no pudo haber sido rastreado por triangulación telefónica como afirmó Lemus al ubicar a los desaparecidos en Zacatecas y Michoacán. La familia reportó además un intento de extorsión por 50 mil pesos vinculado al caso.
La tensión escaló a finales de julio, cuando las familias acusaron a la Vicefiscalía Especializada en Desaparecidos de intentar trasladar la responsabilidad de las investigaciones a otras entidades en lugar de mantenerlas abiertas en Jalisco, y exigieron la intervención del gobierno federal.
El arzobispo de Guadalajara, cardenal José Francisco Robles Ortega, se sumó al reclamo y advirtió que los grupos criminales operan de manera estratégica al dirigirse específicamente contra adolescentes. La Fiscalía mantiene abiertas ocho carpetas de investigación vinculadas a estos casos, sin haber confirmado de manera oficial el paradero de ninguno de los menores.
De acuerdo con lo que la propia Vicefiscalía comunicó a las familias, al menos cinco de los adolescentes habrían sido trasladados a un campamento de reclutamiento en Santa María de la Paz, Zacatecas; otros dos permanecerían en Michoacán, y un menor más fue avistado en la sierra de Nayarit.
Un adolescente que logró ser rescatado declaró haber convivido en ese último punto con David Emiliano Salas Bonilla, y relató que ambos eran obligados a conducir vehículos y a cargar municiones para grupos armados. Una de las madres resumió la gravedad del hallazgo: “son niños los que andan en la sierra manejando armas, encartuchando”.
El gobierno de Zacatecas ha rechazado de forma tajante esa versión. El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, afirmó que no existe información sobre campos de adiestramiento en territorio zacatecano y que el estado mantiene operativos permanentes en todas las zonas serranas.
Sostuvo que la privación de la libertad de los menores ocurrió en jurisdicción jalisciense y calificó de especulativa cualquier vinculación directa entre Zacatecas, Michoacán y Nayarit en la ruta de los adolescentes. El rastreo telefónico, según las autoridades zacatecanas, únicamente ubica señales en Florencia de Benito Juárez y Santa María de la Paz, además de los municipios jaliscienses de Teocaltiche y Santa María de los Ángeles.
El caso se inscribe en un escenario de violencia creciente en la frontera entre ambos estados, donde el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa disputan el control territorial. Zacatecas ha registrado en las últimas semanas ataques con artefactos explosivos contra cuerpos policiales en Luis Moya y enfrentamientos armados en Calera y Jerez, hechos que las autoridades vinculan con operativos y detenciones de líderes regionales en Aguascalientes.
Testimonios recabados por las familias describen el uso de hombres con uniformes de corte militar para privar de la libertad a los menores en plena vía pública, un patrón que refuerza la hipótesis de una operación de captación organizada y no de fugas individuales. En medio de esta tensión, el gobierno de Jalisco también debió desmentir el hallazgo de un supuesto crematorio clandestino en Ayotitlán, luego de confirmarse que el sitio correspondía a una fábrica de alimentos con restos óseos de origen animal.
Con las fiscalías de Jalisco y Zacatecas sosteniendo versiones contradictorias sobre el origen y el destino de los adolescentes, y sin coordinación clara entre ambos gobiernos, las familias insisten en que cada día que pasa reduce las posibilidades de recuperar con vida a los menores antes de que sean integrados de manera definitiva a las filas del crimen organizado.
LNY | Redacción