Zacatecas, Zac.- Los ejidatarios de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales, junto con comunidades río abajo en Jiménez del Teúl y Sombrerete, Zacatecas, han presentado un oficio ante la Procuraduría Agraria —con copia a la Presidencia— rechazando de manera unánime la presa Milpillas, un proyecto que desde hace una década amenaza con despojo, desplazamiento forzado y devastación ambiental. El documento, ya recibido oficialmente, detalla cómo este megaproyecto ha sido impuesto pese a sus fallas técnicas, sociales y ecológicas, beneficiando a intereses que priorizan la acumulación de agua para ciudades e industrias sobre la vida de quienes habitan el territorio.
Las comunidades reconocen la apertura al diálogo del procurador Víctor Suárez Carrera, pero exigen que la institución, históricamente desvirtuada, deje de operar como cómplice del despojo. Señalan que el Registro Agrario Nacional (RAN) y el Tribunal Unitario Agrario (TUA) han sido instrumentalizados para imponer actos ilegales, ignorando las resoluciones de sus asambleas ejidales, donde se ha votado en contra de la presa. “No permitiremos consultas amañadas”, advierten, refiriéndose a prácticas de gobiernos anteriores que usaron simulacros de participación para justificar megaproyectos.
La resistencia no es solo jurídica: denuncian una guerra de desgaste. Operativos policiales —como el encabezado por el gobernador David Monreal en El Potrero— han sembrado terror en niños y ancianos, mientras las concesiones de agua a mineras, cerveceras y agroindustrias, incluyendo las de la familia Monreal, agravan el estrés hídrico. Estudios de la Universidad Autónoma de Zacatecas y la UAM-Xochimilco revelan alternativas viables, como reparar fugas en la red de Zacatecas (donde se pierde hasta el 60% del agua) o tecnificar el riego, en lugar de construir una presa que requeriría siete represas iguales para compensar el déficit actual.
El documento, firmado por los comisariados ejidales y el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, va más allá de la demanda técnica: es un testimonio de daños psicosociales acumulados por años de acoso. “Nos han robado la paz”, escriben, describiendo cómo la amenaza constante de desalojo ha fracturado su vida comunitaria. Su exigencia es clara: cancelar definitivamente la presa Milpillas y garantizar su derecho a la libre determinación. “No queremos su desarrollo ficticio —concluyen—, sino vivir sin violencia, en la tierra que nos pertenece”.
La lucha de estos ejidos no es solo local; cuestiona un modelo nacional donde el agua se privatiza, las instituciones se corrompen y el progreso se mide en megaproyectos, no en dignidad. Su voz, ahora documentada, interpela al gobierno federal: o defiende a los pueblos o se alía con los despojadores.
LNY/Redacción
