JUAN DEL REAL
En México, millones de familias no sueñan con fortunas. Sueñan con algo mucho más elemental: dejar una casa a sus hijos, un pequeño terreno, un negocio familiar o los ahorros construidos durante décadas de trabajo. Por eso, cualquier intento de cobrar nuevos impuestos a las herencias, al patrimonio o a las pensiones debe enfrentarse con claridad: el esfuerzo de una vida no puede convertirse en el botín fiscal de un gobierno insaciable.
Una vivienda heredada no es necesariamente riqueza. Muchas veces es el único refugio de una familia. Es el resultado de años de hipotecas, jornadas interminables, sacrificios, privaciones y decisiones difíciles. Lo mismo ocurre con una pensión: no es una dádiva gubernamental, sino el producto de décadas de trabajo y aportaciones.
Resulta profundamente injusto que el Estado pretenda volver a cobrar sobre bienes construidos con ingresos que ya pagaron impuestos. ¿Cuántas veces más quiere cobrar el gobierno por el mismo esfuerzo?
El problema de fondo es el modelo. Cuando un gobierno decide sostener su popularidad mediante un asistencialismo creciente, tarde o temprano necesita más dinero. Y cuando se acaba el margen presupuestal, comienza la tentación de mirar hacia el patrimonio de las familias: la casa, los ahorros, la herencia, la pensión.
México no necesita un Estado que castigue a quien trabaja, ahorra y construye. Necesita un gobierno que genere empleos, seguridad, crecimiento económico, educación y oportunidades. Un gobierno que administre mejor antes de cobrar más.
Defender las herencias, las pensiones y el patrimonio familiar no es defender privilegios. Es defender el derecho de una madre y un padre a dejarles a sus hijos algo mejor de lo que recibieron.
La propuesta de la ministra Lenia Batres, solo confirma que estan ahí para defender su puesto y al gobierno, y no a la constitución ni los mexicanos.
Sobre la Firma
Jurista, académico y dirigente de Movimiento Ciudadano.
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