CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
En Zacatecas, la justicia tuvo que asomarse al abismo para recordar que no es propiedad de nadie. Tres sillas bastaron para torcer el equilibrio: dos obediencias y una voz aislada. Así se intentó gobernar la judicatura. Así se rompió el pacto invisible que sostiene a un Estado.
La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no llegó como relámpago, sino como consecuencia. Ayer 14 de abril, al resolver la acción de inconstitucionalidad 80/2025, la Corte hizo lo que aquí no se quiso hacer: leer la Constitución sin atajos. Declaró inválido el corazón de la reforma judicial de Zacatecas. No por capricho, sino por principio: la división de poderes no se negocia.
Pero antes de la sentencia, hubo nombres. Y conviene decirlos, uno por uno, como se dicen las cosas que importan.
Firmaron la impugnación: los priistas Carlos Peña, Isadora Santiváñez, Dayanne Cruz, Roberto Lamas, David González; los panistas Pedro Martínez, Jesús Badillo, Karla Estrada, María Teresa López; y el perredista Eleuterio Ramos Leal.
Ellos hicieron su trabajo. Señalaron una anomalía que no era técnica, sino política: el intento de someter al Poder Judicial a una aritmética conveniente.
Del otro lado, los diputados oficialistas hicieron lo contrario. Aprobaron un diseño que no resistía la luz. Tres consejerías para administrar la justicia: una del Ejecutivo, una del Legislativo, una del Judicial. Dos contra uno. Mayoría externa. Minoría interna. Una puerta abierta a la subordinación.
La Corte lo explicó sin adornos. La ministra Sara Irene Herrerías Guerra lo llamó por su nombre: desigualdad estructural. El ministro Giovanni Azael Figueroa recordó el estándar constitucional: cinco integrantes, tres provenientes del propio Poder Judicial. Y el presidente Hugo Aguilar Ortiz advirtió lo evidente: no puede haber independencia si quien administra los recursos responde a intereses ajenos.
No es un tecnicismo. Es poder. El poder de decidir quién entra, quién asciende, quién se queda. El poder de abrir o cerrar expedientes. El poder de premiar o castigar en silencio.
Ahí fallaron los oficialistas. No en el cálculo, sino en la ética. Porque sabían —o debían saber— que la arquitectura institucional no es un terreno para experimentos de conveniencia. Y aun así avanzaron.
El resultado es ahora una corrección obligada. Los nombramientos hechos bajo ese esquema pierden efecto. El Tribunal Superior de Justicia deberá designar dos nuevas consejerías para recuperar la mayoría que nunca debió perder. Sin esperar al Congreso. Sin pedir permiso. La Constitución no espera.
Mientras tanto, la figura central del órgano —Norma Esparza Castro— queda atrapada en una estructura que ya no existe. Nombrada bajo un diseño inválido, su posición se vuelve símbolo de una etapa que termina mal. Junto a ella, Miguel Eliobardo Romero y Martha Elena Berumen encarnan un experimento fallido: tres nombres para un equilibrio imposible.
Y en el fondo, una constante: la administración del todavía inquilino de La Casa de los Perros vuelve a chocar con la Corte. No es el primer revés. Tránsito. Datos personales. Cobros. Ahora justicia. Una cadena de decisiones que tropiezan con el mismo muro: la ley.
Conviene detenerse ahí. Porque el problema no es sólo jurídico. Es cultural. Es la persistencia de una idea: que el poder puede rediseñar las reglas a su medida. Que las instituciones son maleables. Que la legalidad es negociable.
Pero no lo es.
La Corte no invalidó toda la reforma. Salvó lo que podía salvarse: facultades, procedimientos, funciones. Dio margen para que el sistema siga operando. No vino a destruir, sino a corregir. A recordar.
Y, sin embargo, la lección es incómoda. Porque exhibe. Porque señala. Porque deja en evidencia a quienes, con voto en mano, decidieron ignorar el equilibrio básico del Estado.
No hay ambigüedad posible: actuaron mal.
No por perder un litigio. Sino por haberlo provocado.
En política, los errores suelen disfrazarse de estrategia. Aquí no. Aquí el error tiene forma de sentencia. De fecha. De firma. Y de nombres.
La justicia no se conquista. Se resiste. Y esta vez, resistió.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
BIO completa