Ciudad de México.- La Cámara de Diputados de México ha aprobado esta madrugada el conjunto de reformas legislativas conocido como Plan B, en una sesión marcada por la oposición frontal del Partido Acción Nacional (PAN). La diputada Noemí Luna, vicecoordinadora de la fracción panista, encabezó el rechazo a un proyecto que, a juicio de la oposición, debilita la estructura democrática y el equilibrio federalista del país al centralizar decisiones y reducir recursos a las entidades locales.
La aprobación del dictamen, que contó con el respaldo del bloque oficialista y de Movimiento Ciudadano (MC), se produjo tras una jornada maratónica en el pleno. Las modificaciones afectan a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, e impulsan una reestructura administrativa bajo el argumento de la austeridad institucional. La diputada Luna, representante por Zacatecas, denunció que la propuesta presidencial elude problemas críticos como la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y la coacción del voto, centrándose en cambios superficiales que merman la autonomía de municipios y congresos estatales.
El conflicto legislativo refleja una profunda división sobre el modelo de gestión electoral en México. Mientras el oficialismo defiende los ajustes presupuestarios y la reducción de cargos como una medida necesaria de ahorro público, la oposición advierte de una invasión de competencias locales. Noemí Luna calificó la jornada como una derrota política para el Poder Ejecutivo, recordando que la propuesta original —el Plan A— fue rechazada previamente en el Senado al no alcanzar el consenso incluso entre aliados habituales.
La entrada en vigor de esta reforma no es inmediata, ya que requiere la ratificación de al menos 17 congresos locales. Luna ha hecho un llamamiento a los poderes legislativos de los Estados para frenar lo que considera una amenaza a la pluralidad y al respeto al federalismo. La postura del PAN, mantenida desde el análisis en Comisiones Unidas, insiste en que el país requiere una reforma integral y no simulaciones que pongan en riesgo la voluntad ciudadana y la estabilidad de las instituciones democráticas.
LNY | Redacción