Sombrerete, Zac.- El diputado Carlos Puente Salas calificó la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum como un modelo de progreso y justicia social tras su visita a Zacatecas. El legislador destacó el impacto de las políticas de bienestar, especialmente en el aumento del salario mínimo y la cobertura de pensiones, como pilares de la transformación institucional que vive el país.
La relevancia de este pronunciamiento radica en la consolidación de una agenda legislativa alineada con el Ejecutivo para blindar el gasto social. Según los datos aportados por Puente, la Cámara de Diputados ha respaldado una inversión de 550.000 millones de pesos destinada a 13 millones de adultos mayores. Esta cifra no es solo un indicador presupuestario; representa la transferencia de recursos más significativa hacia sectores vulnerables en la historia reciente, buscando reducir la brecha de desigualdad que ha caracterizado al sistema económico mexicano.
Otro eje central del análisis es la evolución del salario mínimo, que ha pasado de los tres mil pesos mensuales registrados en 2018 a una proyección superior a los nueve mil pesos para el año 2025. Este incremento, defendido por el líder parlamentario del Partido Verde, se interpreta como un mecanismo directo de redistribución de la riqueza que busca recuperar el poder adquisitivo frente a las inercias inflacionarias.
En el ámbito regional, el compromiso institucional se ha manifestado en el anuncio de la mandataria sobre la ampliación del programa de acopio de frijol en Zacatecas. Esta medida responde a una producción extraordinaria derivada de las favorables condiciones climáticas de 2025 y busca estabilizar los precios para los productores locales. Con esta acción, el Gobierno intenta asegurar la soberanía alimentaria y proteger el ingreso de las familias rurales frente a las fluctuaciones del mercado.
Las implicaciones de estas medidas trascienden la retórica política. El respaldo parlamentario a Sheinbaum sugiere una cohesión interna que facilita la implementación de programas de largo alcance, aunque también plantea el reto de mantener la sostenibilidad financiera de estos apoyos ante los ciclos económicos globales. La justicia social, en este contexto, se presenta no solo como un objetivo ético, sino como un eje de estabilidad política y cohesión nacional.
LNY | Redacción