Zacatecas, Zac.- La excomisionada Julieta del Río Venegas denunció que, tras un año de la desaparición del INAI el 20 de marzo de 2026, el nuevo modelo de transparencia en México ha debilitado el acceso a la información y la protección de datos personales, al centralizar procesos, presentar fallas técnicas en la plataforma nacional y convertir al Gobierno en juez y parte.
Del Río Venegas advirtió que la transición hacia el organismo Transparencia para el Pueblo no ha cumplido con el fortalecimiento de estos derechos fundamentales. Según su análisis, la operatividad y accesibilidad de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) —que resguarda más de 15 mil millones de registros— se han visto seriamente afectadas. Reportes de organizaciones civiles y periodistas confirman la ausencia de archivos antes disponibles, búsquedas fallidas y una falta de actualización de datos que impide conocer el estado de los recursos de revisión presentados en el segundo semestre de 2025.
La excomisionada destacó un cambio profundo en el equilibrio institucional: el recurso de revisión, que anteriormente era resuelto por un órgano colegiado autónomo, ahora depende de una instancia adscrita al Poder Ejecutivo. Esta modificación ha derivado en la judicialización del derecho a saber, obligando a los ciudadanos a recurrir a juicios de amparo ante el Poder Judicial, un proceso mucho más costoso y complejo que el modelo administrativo anterior. En el ámbito estatal, la situación es similar, con funciones delegadas a contralorías que carecen de la autonomía necesaria para garantizar la rendición de cuentas.
En materia de privacidad, Del Río Venegas señaló que México enfrenta niveles inéditos de vulneración de datos personales. Sin la supervisión y capacidad sancionadora que ejercía el INAI sobre sectores como la banca o el comercio electrónico, el robo de identidad ha crecido un 40%. La especialista subrayó la existencia de un doble estándar gubernamental donde se reserva información de interés público, como los datos del Tren Interoceánico, mientras se difunde con fines mediáticos información de pensionados que ya debería estar disponible por obligación de transparencia. Ante este escenario, la excomisionada instó a un rediseño del sistema para evitar que estos derechos dependan de la voluntad política.
LNY | Redacción