Zacatecas, Zac.- El secretario general de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que se instruyó a la Secretaría de Educación estatal analizar la situación del Bachillerato Militarizado y el Bachillerato Policial tras el cierre nacional de escuelas militarizadas ordenado por la SEP, y aclaró que ambas instituciones son públicas, distintas al caso de Tamaulipas que derivó en la medida federal.
La decisión de la Secretaría de Educación Pública, encabezada por Mario Delgado, de ordenar el cierre de todas las escuelas militarizadas del país surgió tras la muerte de la adolescente Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ocurrida el 16 de julio en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. La menor había ingresado cuatro días antes a un curso de verano y su fallecimiento, por asfixia por sumersión, se investiga como feminicidio.
La fiscalía tamaulipeca detuvo a tres personas, entre ellas el director del plantel, Jorge Luis “N”, y una encargada identificada como Estrellita “N”. El caso destapó denuncias de exalumnos sobre abusos físicos, torturas y castigos bajo disciplina castrense, mientras la Secretaría de la Defensa Nacional se deslindó del plantel al señalar que carece de facultades para regular escuelas civiles con fachada militar.
Reyes Mugüerza explicó que la titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas, Gabriela Pinedo, se comunicó con el despacho de Mario Delgado para conocer el estatus de las dos instituciones zacatecanas, creadas por decreto en 2019: el Bachillerato Militarizado, cuyo decreto se publicó el 7 de agosto de ese año, y el Bachillerato Policial.
La respuesta federal, señaló el funcionario, fue que ambos casos pasarán a revisión, pero que se reconoce de entrada una diferencia sustancial respecto al esquema de Tamaulipas, ya que no se trata de instituciones privadas sino de organismos públicos con decretos de creación que delimitan con claridad las responsabilidades de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el caso del bachillerato militarizado, y de la Secretaría de Seguridad Pública, en el caso del policial.
El funcionario estatal subrayó que ambas escuelas han operado sin incidentes desde su fundación y que cuentan con estudiantes y docentes de reconocido desempeño académico, por lo que buscó despejar la preocupación de madres y padres de familia ante la incertidumbre generada por la orden federal.
Reyes Mugüerza insistió en que el gobierno de Zacatecas será respetuoso de la decisión que finalmente tome la SEP, pero remarcó que la existencia de un marco normativo claro, con responsabilidades institucionales definidas desde el origen de ambos planteles, coloca a Zacatecas en un escenario distinto al que motivó el cierre generalizado de escuelas militarizadas tras el caso de Dafne Zapata.
El episodio expone la falta de una regulación homogénea para este tipo de instituciones en el país, donde conviven esquemas públicos con marcos jurídicos definidos y esquemas privados sin la supervisión adecuada, una distinción que ahora será determinante para el futuro de miles de estudiantes inscritos en programas educativos con componente disciplinario militar o policial.
LNY | Redacción