Zacatecas, Zac.- El fiscal Cristian Camacho reportó una reducción del 70 por ciento en homicidios en Zacatecas durante 2025. No obstante, la jornada registró un ataque armado en Guadalupe con un muerto y tres heridos, además de agresiones con explosivos contra policías en Luis Moya, evidenciando la fragilidad de la seguridad estatal frente a grupos delictivos operativos.
Durante la presentación del balance anual, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, sostuvo que la entidad logró la mayor baja nacional en homicidios dolosos, contabilizando 146 eventos frente a los 500 reportados en 2024. Según el funcionario, el 72 por ciento de los días del año transcurrieron sin asesinatos, lo que se traduce en una disminución del 8.17 por ciento en la incidencia delictiva general. Este discurso institucional, sin embargo, se confrontó con la realidad operativa en el territorio. En la comunidad de San Jerónimo, municipio de Guadalupe, una riña con armas de fuego en una finca aledaña al panteón local resultó en el deceso de un hombre y tres heridos de gravedad.
La jornada violenta se extendió al municipio de Villanueva, donde fue abatido un individuo identificado como Cristian N, alias “El Tablas”, señalado por la autoridad ministerial como jefe de una célula criminal en la zona de Tabasco. Casi de forma simultánea, elementos de la Policía Estatal fueron blanco de un ataque con artefactos explosivos en los límites de Luis Moya y Aguascalientes. Esta agresión se presume como una represalia por operativos realizados días antes en Villa García, donde un enfrentamiento entre fuerzas del orden y civiles armados dejó un saldo de siete fallecidos.
En el desglose de delitos de alto impacto, la fiscalía reportó avances estadísticos significativos, como la caída del 77.78 por ciento en secuestros, con solo dos casos registrados y resueltos en el periodo. Asimismo, la cifra de personas desaparecidas descendió de 1,139 en 2024 a 760 en 2025, lo que representa una reducción del 37.4 por ciento. En materia de delitos de género, la fiscal especializada Marta Berenice informó la judicialización de 2,134 carpetas de investigación. De los siete feminicidios ocurridos en el año, seis cuentan con personas detenidas, estableciéndose en la mayoría de los casos un vínculo cercano o sentimental entre el victimario y la víctima.
A pesar de la tendencia a la baja en delitos de sangre, las estadísticas institucionales revelan un fenómeno de crecimiento en el fuero común y delitos de orden social. El acumulado de carpetas de investigación por robo, violencia familiar, lesiones y fraude ascendió a más de 26,300 casos, cifra que supera drásticamente los 5,200 registros del año previo. Por su parte, el abandono de familiares presentó un incremento del 3.33 por ciento. En cuanto al combate al narcomenudeo, la fiscalía justificó el aumento en las investigaciones como un indicador de mayor operatividad, reportando 720 detenciones y la ejecución de 326 cateos.
El rezago forense permanece como un punto crítico, aunque con gestiones de cooperación internacional. Mediante alianzas con Alemania y Noruega, se logró el procesamiento genético que permitió identificar a 290 personas que se encontraban en el Servicio Médico Forense, algunas con registros de ingreso desde 2015. Actualmente, el estado resguarda 996 cuerpos, de los cuales 100 han sido identificados positivamente pero no reclamados por sus familias, debido a la dispersión geográfica de los afectados en 24 entidades del país.
Hacia el cierre del año, la fiscalía enfrenta nuevos retos en la tipificación de delitos tecnológicos y el control territorial. Se ha iniciado el uso de inteligencia artificial para el procesamiento de datos sobre robos y desapariciones, al tiempo que se busca legislar contra el mal uso de esta tecnología tras detectarse vulneraciones a la intimidad sexual en la Secundaria Técnica número 1. Finalmente, persiste la investigación sobre la venta ilegal de alcohol por parte de grupos delictivos en la zona limítrofe con Durango, actividad que, de acuerdo con el fiscal Camacho, se desarrolla bajo un escenario de silencio administrativo por parte de las autoridades municipales correspondientes.
LNY | Redacción