JULIETA DEL RÍO VENEGAS
Hace un año, el 28 de noviembre del 2024, el Senado aprobó en lo general la reforma para eliminar siete órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y hoy el país sigue enfrentando las consecuencias de una decisión que no sólo transformó la estructura institucional, sino también la relación entre ciudadanía y poder.
El discurso oficial la presentó como una “simplificación orgánica”, un reordenamiento para hacer más eficiente al Estado. Pero la experiencia acumulada durante décadas en transparencia y protección de datos permite ver que lo ocurrido fue mucho más profundo pues se trató de una reconfiguración del sistema político, una recentralización de facultades y la reducción de los contrapesos que México había construido con enorme esfuerzo desde la transición democrática.
Los órganos autónomos no surgieron como caprichos, fueron creados porque los gobiernos (todos, de cualquier signo) tienen incentivos para ocultar, controlar o manipular información, y porque los derechos requieren árbitros imparciales para garantizarse. El INAI nació para eso: para equilibrar el poder, para hacer visible lo que antes era opaco, para proteger la privacidad en un Estado donde los expedientes personales, médicos, fiscales o laborales podían terminar en manos indebidas sin consecuencia alguna.
Por eso, cuando se decidió desaparecerlos, el argumento de que “los derechos permanecen” resulta insuficiente. Los derechos existen en la Constitución, sí, pero no se garantizan solos. Necesitan instituciones que los defiendan aun cuando eso incomode al poder. Ese era el papel del INAI, como lo fue también el de otros órganos que regulaban mercados, telecomunicaciones o evaluaban políticas públicas.
Hoy vemos los efectos, pues hay nuevos organismos dependientes del Ejecutivo, reglas menos claras, más discrecionalidad, menos certeza sobre cómo se resuelven recursos y quejas. La ciudadanía enfrenta un mapa institucional desigual, distinto en cada estado, sin criterios homologados ni capacidades técnicas que antes se sostenían desde un sistema nacional. Todo ello reduce el federalismo y disminuye los incentivos para ejercer el derecho a saber.
La historia institucional del país demuestra que, cuando el poder concentra funciones, los equilibrios tardan décadas en recuperarse. No es un fenómeno exclusivo de México; ocurre en sistemas donde una coalición dominante decide eliminar “jugadores” que pueden limitar su margen de acción. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién vigila al poder cuando el propio poder absorbe a los vigilantes?
Sin embargo, este año también dejó lecciones positivas. La sociedad civil no ha guardado silencio; los medios siguen documentando; las universidades y especialistas continúan analizando riesgos y vacíos. La vigilancia ciudadana no se extinguió con los organismos autónomos. Se fortaleció, porque quedó claro que sin ella los derechos pueden debilitarse rápidamente.
Hoy, a un año de esa reforma, mi convicción es la misma que defendí desde el servicio público: la transparencia no es un lujo, es una necesidad democrática. La privacidad no es un obstáculo, es un derecho humano. Y aunque las instituciones hayan cambiado, la obligación de exigir sigue intacta.
El nuevo modelo deberá demostrar que puede proteger a las personas sin perder independencia. Mientras tanto, desde la sociedad seguiremos atentos, vigilantes y firmes. Porque los derechos, cuando no se defienden, se diluyen. Y México no puede darse ese lujo.
Sobre la Firma
Escritora y defensora institucional de la transparencia y los datos
contacto@julietadelrio.org.mx
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