Villa de Cos, Zac.- Los diputados federales Ulises Mejía Haro y Alfonso Ramírez Cuéllar encabezaron en Villa de Cos, Zacatecas, una asamblea informativa para explicar las reformas constitucionales sobre la eliminación de legisladores plurinominales y la nueva regulación de aguas. El encuentro buscó legitimar la agenda legislativa oficialista frente a las críticas de la oposición en una región con alta presión hídrica.
La propuesta de reforma electoral planteada por el grupo parlamentario de Morena pretende transformar la estructura del Congreso de la Unión mediante la supresión de las representaciones proporcionales. Según la argumentación presentada por Mejía Haro, esta medida busca que la totalidad de las diputaciones y senadurías emanen exclusivamente del voto directo, bajo la premisa de fortalecer la rendición de cuentas. No obstante, este cambio institucional implica una reconfiguración profunda del sistema de partidos y de la representación de las minorías en el Poder Legislativo, un eje que define el actual debate político en México.
En el ámbito de los derechos de la comunidad migrante, la reforma contempla la elección directa de ocho diputaciones mediante acciones afirmativas. Esta disposición técnica intenta institucionalizar la participación política de los mexicanos residentes en el extranjero, permitiéndoles incidir en la integración de la Cámara de Diputados. La medida responde a una demanda histórica de este sector, especialmente relevante para estados con altos índices de migración como Zacatecas, y busca dotar de formalidad jurídica a una representación que anteriormente operaba bajo criterios de cuotas internas de los partidos.
Respecto a la gestión de los recursos naturales, el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, abordó las implicaciones de la Ley de Aguas Nacionales. El legislador enfatizó que la normativa garantiza la transmisión de concesiones de pozos agrícolas y la compraventa de terrenos con derechos de riego, rechazando las versiones que señalaban una posible vulneración a la propiedad privada de los productores. La ley establece una jerarquía en el uso del recurso, priorizando el consumo doméstico y agrícola para combatir el acaparamiento, un problema estructural que afecta la viabilidad del campo en el semidesierto zacatecano.
El despliegue territorial de los legisladores subraya la estrategia de consolidar el proyecto político de la presidencia de Claudia Sheinbaum a través de la agroindustria y el apoyo al pequeño comercio. La articulación entre el trabajo legislativo en la capital y la movilización social en las provincias evidencia la intención de construir un respaldo popular directo para las modificaciones constitucionales en curso. Más allá de la promoción de los perfiles políticos, el fondo de estas asambleas revela la urgencia del Gobierno por clarificar reformas que alteran tanto el régimen democrático como la administración de los recursos vitales del país.
LNY | Redacción