ANGÉLICA COLÍN MERCADO
La consolidación de una cultura de transparencia en las universidades exige también revisar críticamente los marcos normativos e institucionales que la regulan. No basta con asumir compromisos discursivos o diseñar protocolos aislados; se requiere una voluntad política sostenida, acompañada de estructuras organizacionales que garanticen la aplicación efectiva de los principios de apertura y rendición de cuentas. Esto incluye la capacitación permanente de quienes toman decisiones, así como la participación activa de todos los actores universitarios en la evaluación de políticas, programas y resultados.
En este sentido, la transparencia debe concebirse como un proceso dialógico y no como un simple acto de exposición de datos. Las universidades tienen la responsabilidad de traducir la información técnica en lenguajes accesibles y relevantes para sus distintas audiencias. Democratizar la información implica, por un lado, reconocer las asimetrías de poder y de acceso al conocimiento, y por otro, generar condiciones para que las voces estudiantiles, docentes, administrativas y comunitarias puedan incidir en las decisiones que les afectan.
Finalmente, la transparencia universitaria no solo se refiere a la rendición de cuentas hacia el exterior, sino también al fortalecimiento del tejido interno. Fomentar una gestión basada en la confianza, la coherencia institucional y la ética pública permite que las universidades sean espacios ejemplares de convivencia democrática. Así, más que un requisito administrativo, la transparencia se convierte en una forma de ser y de hacer universidad, alineada con los principios de justicia social, inclusión y transformación que deben guiar a la educación superior pública en México.
