RAYMUNDO MORENO ROMERO
La violencia contra las mujeres en Zacatecas no es un problema menor ni una excepción aislada: es una realidad estadística que duele y exige una respuesta contundente. Entre 2021 y 2025, el estado ha registrado 49 feminicidios, una cifra acumulada que refleja una crisis persistente en la entidad.
Los datos oficiales del propio Banco de Datos de Violencia contra las Mujeres de Zacatecas muestran que los feminicidios han ocurrido en múltiples municipios, con Fresnillo, Guadalupe y Pinos a la cabeza en número de casos.
Además, la violencia en general es amplia: más de la mitad de las mujeres de 15 años y más en Zacatecas ha vivido algún tipo de agresión física, psicológica, económica o sexual en su vida, según encuestas de victimización, lo cual refleja una violencia estructural y cotidiana que va desde el entorno familiar hasta los espacios públicos. El uso de las infancias como ariete para manipular y violentar a través de la alienación parental es mucho más común de lo que pudiéramos imaginar e incluye lo mismo a funcionarios que a académicos que públicamente se presentan como ciudadanos ejemplares. El miedo suele inhibir las denuncias y sostener la impunidad.
Justamente la impunidad es otro elemento brutal de esta realidad: en Zacatecas, el 98.3% de los delitos denunciados e investigados quedaron impunes en 2022, y entre los mayores índices de falta de aplicación de la ley están precisamente el feminicidio y la violencia familiar. Esto significa que, incluso cuando las mujeres buscan justicia, el sistema no responde; la ley queda en letra muerta y ni hablar de reparación del daño.
En este contexto de violencia y falta de protección efectiva, no se puede separar el comportamiento de las instituciones del entorno que viven las mujeres. Cuando un gobierno —incluyendo el gobierno estatal, su titular y sus figuras más visibles— no prioriza políticas claras, efectivas y de largo alcance para prevenir, perseguir y sancionar la violencia contra las mujeres, sino que son ellos quienes, de facto, la ejercen, eso crea un caldo de cultivo donde la violencia se normaliza y se reproduce. La seguridad de las mujeres no puede ser un discurso de campaña o una nota de prensa, sino un compromiso con acciones concretas y resultados verificables.
Espero que este 8 de marzo no se repitan las imágenes de represión institucional que observamos en 2024, mismas que dejaron una mancha imborrable en aquellos que, como el Secretario General de Gobierno Rodrigo Reyes, ordenaron, toleraron o encubrieron la golpiza lo mismo a manifestantes que a reporteras.
Seamos claros: en Zacatecas no basta con palabras o protocolos que no se traducen en resultados concretos; hace falta borrar del mapa político a todos aquellos que dejan ver su misoginia, autoritarismo y su repudio hacia estas causas legítimas.
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