MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
Durante los últimos seis meses del año, los gobiernos federal y estatal han insistido en presumir la disminución de homicidios en el estado y el país, ignorando dos aspectos fundamentales: primero, el incremento en las desapariciones de personas, y segundo, la persistencia de delitos como robo, extorsión, secuestro, cobro de piso, violencia familiar y violencia contra las mujeres. Estos hechos generan miles de víctimas directas e indirectas y reflejan un alto nivel de impunidad.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a nivel nacional, entre enero y junio se cometieron un millón 012 mil 114 delitos, entre los cuales se registraron 10 mil 767 homicidios (65 diarios), 106 mil140 delitos de lesiones, 329 feminicidios, 242 mil 294 robos y 17 mil 033 personas desaparecidas en el mismo período.
Lo anterior demuestra que, pese al discurso oficial sobre la reducción de la incidencia delictiva, los delitos persisten como consecuencia de una crisis de inseguridad y violencia. Esto afecta a miles de víctimas que demandan justicia, verdad y reparación integral; sin embargo, muchas de ellas no son escuchadas, sino criminalizadas, revictimizadas y estigmatizadas.
Por lo tanto, el desafío no se limita a reducir cifras, sino a implementar políticas efectivas de prevención del delito, investigación diligente y atención integral a las víctimas.
Lo anterior se debe a que los familiares de víctimas de delitos como homicidio o desaparición esperan de las autoridades atención, protección, verdad, justicia y diligencia en su actuación. Sin embargo, en muchos casos, reciben un trato prepotente, amenazas e incluso señalamientos que vinculan a las víctimas directas con grupos criminales, lo que genera una grave revictimización.
Frente a esta actitud reprochable de algunos funcionarios de seguridad pública y procuración de justicia, resulta evidente su incumplimiento en la obligación de investigar con debida diligencia. Su deber consiste en determinar de manera pronta y eficaz las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos que afectaron la vida, integridad, libertad, dignidad o patrimonio de una persona, así como en recabar los elementos probatorios necesarios para presentar ante las autoridades jurisdiccionales a los responsables y lograr su sanción conforme a la ley.
Por el contrario, estos funcionarios actúan con insensibilidad y atacan a los denunciantes—generalmente familiares de las víctimas—, infligiéndoles un daño secundario. No solo deben enfrentar la pérdida de su ser querido, sino también soportar ataques, sospechas, intimidación, estigmatización e incluso la criminalización de la propia víctima. Este trato agrava su dolor, llegando a generar un sufrimiento mayor que el del hecho victimizante original.
Lejos de brindar ayuda, asistencia y protección a las víctimas en su situación de fragilidad y vulnerabilidad, las autoridades les niegan sus derechos, actúan con indiferencia, carecen de tacto y respeto, y transgreden su dignidad humana mediante actitudes de desdén.
Por lo expuesto, resulta indispensable que los servidores públicos en las instancias de procuración de justicia, seguridad pública y búsqueda de personas actúen con estricto respeto a los derechos humanos de las víctimas, tratándolas con dignidad, humanidad y respeto en todo momento. Asimismo, deben proporcionarles oportuna y claramente toda la información requerida, así como entregar sin dilación los documentos necesarios para garantizar su acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral del daño.
Sobre la Firma
Abogada defensora de derechos y democracia.
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