martes, octubre 21, 2025

Reforma al desamparo

JUAN DEL REAL

La Ley de Amparo en México ha sido históricamente una de las principales herramientas de protección de los derechos humanos y las libertades individuales frente a actos de autoridad que vulneran la Constitución. Este recurso ha permitido que los ciudadanos enfrenten abusos, arbitrariedades y excesos de poder, colocándose como un pilar del Estado de Derecho. Sin embargo, las recientes reformas y propuestas de modificación a esta legislación generan preocupaciones legítimas sobre un retroceso en la defensa de los derechos fundamentales. Una reforma a la ley de desamparo.

Una de las propuestas más polémicas es restringir la suspensión provisional y definitiva en los juicios de amparo, especialmente en casos relacionados con obras públicas, concesiones o decisiones gubernamentales de gran impacto.

Esto significa que, aunque un ciudadano demuestre que sus derechos han sido vulnerados, el acto de autoridad no se detendría durante el juicio. En la práctica, se podría consumar el daño (desalojos, destrucción de comunidades, afectación ambiental) o como el caso de zacatecas construir un segundo piso, antes de que el tribunal resuelva.

El amparo ha evolucionado para no solo reconocer el interés jurídico directo, sino también el interés legítimo, lo cual permitió que colectivos, comunidades y organizaciones de la sociedad civil puedan defender derechos difusos, como el medio ambiente, la salud pública o los derechos de minorías. Ahora, la reforma busca restringir estas posibilidades, dejando a muchas causas sociales sin defensa real.

La reforma a la Ley de Amparo en México, en lugar de fortalecer la justicia y la defensa de los derechos humanos, amenaza con debilitar uno de los instrumentos más importantes de protección ciudadana. Sus implicaciones negativas son profundas: reduce la posibilidad de detener abusos, limita la participación social en la defensa de causas colectivas y erosiona el control constitucional.

En un país con altos índices de impunidad y desconfianza hacia las instituciones, quitarle a los ciudadanos el amparo significa dejarlos en estado de vulnerabilidad frente al poder del Estado.

Sobre la Firma

Jurista, académico y dirigente de Movimiento Ciudadano.
delrealjf@gmail.com
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