Zacatecas, Zac.- El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar presentó este viernes en Zacatecas su primer informe legislativo, donde advirtió que está en riesgo la pérdida de los 450 millones de pesos etiquetados para la construcción de la presa Milpillas en el presupuesto federal 2025. La obra, dijo, es estratégica para garantizar el acceso al agua potable en Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe, en un contexto de sobreexplotación de acuíferos y sequías crecientes.
Desde su posición como secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Ramírez Cuéllar insistió en que Zacatecas tiene hoy un lugar prioritario en la asignación de recursos públicos. Afirmó que el Plan Hídrico Nacional incluye para la entidad no solo la presa, sino también una planta potabilizadora, una red de conducción, estaciones de bombeo y nuevas perforaciones. Alertó que sin inversiones de gran escala, el sistema hídrico estatal colapsará.
En su comparecencia, señaló que el paquete económico aprobado para el ejercicio fiscal 2025 asciende a más de 60 mil millones de pesos para Zacatecas. Esa cifra, puntualizó, permitirá consolidar programas sociales y reforzar sectores como salud, vivienda, educación, infraestructura y medio ambiente. Aseguró que se proyecta la construcción de 40 mil viviendas en el estado mediante el Programa de Vivienda para el Bienestar.
El legislador subrayó que la inversión privada debe incrementarse en sectores clave como la construcción, el tratamiento de residuos, el campo y las obras viales. Consideró urgente abandonar “esquemas abusivos” que limitan el crecimiento económico regional. Enfatizó que el desarrollo social sostenido requiere la participación activa del capital privado con reglas claras y sin privilegios.
Uno de los ejes de su intervención fue la necesidad de erradicar el “huachicol financiero”. Propuso aplicar al desvío de recursos públicos el mismo enfoque punitivo usado contra el robo de combustible. Para ello, planteó una fórmula de tres pasos: planeación responsable, ejecución honrada y vigilancia constante. “El que se robe el dinero del pueblo tiene que ir al bote”, sentenció.
En respuesta a denuncias sobre cancelación de concesiones de agua, anunció una reunión nacional con organismos operadores del agua, a celebrarse el 31 de julio en Guadalajara. Ahí, dijo, se analizarán los conflictos por el uso de aguas subterráneas, especialmente en estados como Zacatecas, Puebla, San Luis Potosí y Chihuahua. Advirtió que si los organismos no son fortalecidos, el plan hídrico será inviable.
Añadió que es momento de repensar la dependencia energética de la Comisión Federal de Electricidad. Propuso explorar fuentes alternas y esquemas de financiamiento que permitan modernizar los equipos electromecánicos de los sistemas de agua potable, abriendo paso a la autosuficiencia energética municipal.
Frente a líderes del sector agropecuario, reconoció el rezago en pagos a productores, especialmente de trigo y arroz. Anunció que se revisarán las reglas de operación del presupuesto 2026 para evitar retrasos estructurales. También informó que se convocará a una reunión con agroempresarios para diseñar mecanismos de pago más eficientes y garantizar certidumbre al campo.
El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, denunció que el gobierno estatal excluyó a la capital del programa de vivienda federal. Ramírez Cuéllar respondió que sostendrá una reunión con el director del Infonavit para resolver esta omisión. Recalcó que las decisiones presupuestales deben garantizar equidad territorial y no usarse con fines políticos.
A la líder sindical Norma Castorena, quien cuestionó el desempeño del IMSS-Bienestar, el diputado aseguró que el proceso de regularización ya está en marcha. Prometió que en agosto se alcanzará un abasto de medicamentos superior al 90 por ciento. Reconoció que los retrasos han afectado la atención médica, pero subrayó que el sistema está en proceso de estabilización.
Durante su intervención, alertó sobre la presión creciente del gasto en pensiones, que actualmente alcanza un billón 300 mil millones de pesos. Propuso que Zacatecas sea sede de una reunión nacional de institutos de seguridad social. “Lo que pasa en Zacatecas está pasando en todo el país”, dijo. Puso como ejemplo el riesgo de quiebra del Issstezac, cuya situación calificó como crítica.
Planteó que los trabajadores deben jubilarse con el último salario base y no con el 30 por ciento que generan las cuentas individuales. Exigió una reforma urgente al sistema de pensiones para evitar un colapso que comprometería a generaciones futuras. “Es demasiado grande, demasiado trágico lo que puede pasar si seguimos así”, advirtió.
Reconoció el papel del senador Ricardo Monreal en la concreción de proyectos clave para Zacatecas. Agradeció también a Ulises Mejía Haro su defensa del presupuesto hídrico. Destacó el trabajo conjunto con los legisladores Carlos Puente, Noemí Luna y Reginaldo Sandoval. Insistió en que la coordinación entre fuerzas políticas es indispensable para consolidar los proyectos en curso.
Recordó que en su primer año legislativo participó en la aprobación del presupuesto federal 2025, que asciende a 9 billones 100 mil millones de pesos. Dijo que ese monto asegura el financiamiento de los programas sociales que, según sus cifras, han sacado de la pobreza a más de 8 millones de mexicanos. Afirmó que ahora los apoyos alcanzan a adultos mayores y, por primera vez, a infancias desde preescolar.
Indicó que el gobierno federal proyecta construir un millón de viviendas en el país, tanto para personas con seguridad social como para quienes carecen de ella. Zacatecas, afirmó, tiene la responsabilidad de levantar 40 mil de esas viviendas. Dijo que los recursos ya están asignados y que el reto es ejecutar las obras sin retrasos ni desvíos.
Finalmente, resaltó que esta legislatura ha impulsado una reforma legal y constitucional para fortalecer al Ejecutivo en su combate contra el crimen organizado. Aseguró que se aprobó un nuevo marco jurídico para atender el problema de los desaparecidos. Defendió que el Congreso ha dotado al gobierno federal de herramientas para enfrentar con eficacia los retos de seguridad y justicia.
LNY/Redacción