Zacatecas, Zac.- La Coordinación de Protección Civil de Zacatecas defendió la oportunidad de su protocolo tras el ataque de un enjambre en Guadalupe el 3 de mayo, que derivó en la muerte de la magistrada Oyuki Ramírez. Pese al fallecimiento, la institución destacó el rescate de 13 personas y el cumplimiento de las medidas de seguridad ante la emergencia.
El informe oficial emitido por la Coordinación Estatal sostiene que la actuación de los cuerpos de rescate fue oportuna y permitió salvaguardar la vida de 13 ciudadanos, entre ellos seis menores de edad. Según el testimonio de la paramédica Susana Romero, los equipos de Zacatecas, Guadalupe, Trancoso y la Cruz Roja aplicaron agua para dispersar a los insectos y zonificaron el área deportiva para evitar nuevas víctimas. El reporte describe que, tras ser auxiliada inicialmente, la víctima se dirigió a su vehículo cerrado donde se encontraba su hijo, permitiendo involuntariamente el ingreso de las abejas al abrir la unidad antes de ser trasladada finalmente a un hospital.
No obstante, el balance institucional contrasta con testimonios de testigos que denuncian una carencia inicial de equipo especializado por parte de los primeros respondientes. Estos relatos indican que la magistrada, quien se expuso a picaduras masivas en el rostro y el torso al proteger a su hijo de tres años con su propia sudadera, tuvo que buscar ayuda por sus medios fuera del recinto e incluso seguir a una unidad que se retiraba para solicitar el equipo de combate necesario. Esta divergencia entre los protocolos técnicos reportados y la experiencia ciudadana sitúa la eficacia de la gestión de riesgos en el centro de la controversia pública.
El deceso de Ramírez Burciaga, ocurrido este martes tras nueve días de hospitalización y un cuadro de choque anafiláctico, supone una pérdida sensible para el Poder Judicial estatal. Con más de 20 años de carrera y una ratificación reciente en la Segunda Sala Penal derivada de las elecciones judiciales de 2025, su perfil profesional subraya la magnitud de las consecuencias de este incidente. Mientras el sector salud confirma que las toxinas de los insectos agravaron su estado hasta requerir intubación, el caso obliga a una revisión profunda de la capacidad de respuesta institucional ante contingencias ambientales en espacios públicos
LNY | Redacción