CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Hay una pregunta que ningún presidente municipal debería temer: ¿en qué se gasta el dinero de sus habitantes? Tampoco debería ser difícil conocer cuánto gana un funcionario, cuánto se paga por un contrato o quién recibió una adjudicación.
Sin embargo, en Zacatecas todavía hay ayuntamientos que parecen considerar que responder esas preguntas es opcional.
Diez, para ser precisos, ni siquiera han cumplido con informar quién es el responsable de su Unidad de Transparencia. Y ahora tendrán que explicar sus omisiones.
El próximo 23 de noviembre comenzará una prueba importante para Transparencia para el Pueblo de Zacatecas. Miguel Ángel Ovalle, su titular, anunció la primera verificación anual de obligaciones de transparencia.
No será un ejercicio para llenar carpetas ni para acumular estadísticas. Tendrá efectos vinculantes y una consecuencia que algunos funcionarios quizá no habían considerado: quienes incumplan podrán recibir medidas de apremio, incluidas sanciones económicas que deberán pagar de su propio bolsillo.
La revisión pondrá la lupa donde más incomoda. Sueldos y salarios, viáticos, gastos de representación, currículos de funcionarios, adjudicaciones y contratos. Es decir, información que permite seguir el rastro del dinero público y conocer quién toma las decisiones.
No es casual que Ovalle haya elegido esos rubros: son precisamente algunos de los asuntos que más preguntas generan entre los ciudadanos.
Serán 35 instituciones las que entren en esta primera revisión. Entre ellas, ayuntamientos como Fresnillo, Guadalupe, Jerez, Sombrerete y Zacatecas, además de dependencias estatales y organismos descentralizados. La selección responde, entre otros criterios, al número de solicitudes de información recibidas, los recursos de revisión y las denuncias acumuladas. No se trata, por tanto, de una inspección al azar.
Pero el problema no está solamente en lo que se publica o se deja de publicar. Está en la actitud de quienes gobiernan.
Diez municipios han desatendido los llamados de la autoridad garante. No han comunicado el nombramiento de su titular de transparencia ni entregado la tabla que determina las obligaciones de información que deben cumplir.
Parece un asunto burocrático, pero no lo es. Sin una unidad responsable y sin claridad sobre lo que deben publicar, el derecho de los habitantes a conocer lo que ocurre en sus ayuntamientos queda reducido a una promesa.
Y hay una advertencia que merece atención: Transparencia para el Pueblo ha determinado que las responsabilidades derivadas de esas omisiones recaigan en los presidentes municipales. Ya no habrá demasiado espacio para esconder la negligencia detrás de un escritorio vacío o de un funcionario que nadie sabe quién designó.
El desafío de Miguel Ángel Ovalle, sin embargo, va más allá de aplicar sanciones. Su organismo nació después de la desaparición del IZAI, con una estructura y un presupuesto considerablemente menores.
Recibió expedientes pendientes, tuvo que gestionar accesos a la Plataforma Nacional de Transparencia y explicar a los sujetos obligados que el cambio institucional no extinguió sus responsabilidades.
En otras palabras, debió reconstruir la autoridad mientras algunos de aquellos a quienes debía vigilar aprovechaban la confusión para bajar la guardia.
No ha sido una tarea sencilla. Tampoco puede afirmarse que la transparencia esté recuperada porque exista nuevamente una oficina que la garantice. La confianza ciudadana no se restablece con un nombramiento ni con comunicados. Se construye cuando una persona solicita información y obtiene una respuesta completa, cuando un contrato puede consultarse y cuando una autoridad entiende que el dinero que administra no le pertenece.
Hay un dato que ayuda a dimensionar el reto. Entre enero y octubre se presentaron tres mil 824 solicitudes de información en el estado. La cifra es menor que la registrada antes de la desaparición del IZAI, pero sería equivocado interpretar esa diferencia como una pérdida de interés ciudadano.
La incertidumbre sobre el nuevo modelo y el discurso de que la transparencia había muerto pudieron hacer mella. Recuperar a quienes dejaron de preguntar también forma parte del trabajo.
Miguel Ovalle ha apostado por acompañar a las instituciones mediante asesorías y capacitaciones. Más de mil servidores públicos han recibido formación sobre el nuevo modelo. Ahora viene la parte incómoda: comprobar si aprendieron, si cumplieron y, sobre todo, si están dispuestos a dejar de tratar la información pública como un patrimonio administrativo.
La verificación concluirá previsiblemente en marzo de 2027. Hasta entonces habrá que observar qué instituciones cumplen y cuáles necesitan que la autoridad les recuerde, incluso mediante sanciones, que la ley no es una recomendación.
El IZAI fue resultado de una lucha de más de dos décadas. Su desaparición modificó la arquitectura institucional, pero no borró una conquista ciudadana.
Hoy, el nuevo organismo tiene que demostrar que puede defenderla con recursos limitados y frente a resistencias que no siempre se manifiestan con declaraciones: a veces basta con no entregar un documento, no nombrar a un responsable o dejar una obligación sin atender.
La transparencia no necesita autoridades que presuman cuánto trabajan. Necesita gobiernos que entiendan que no pueden ocultar lo que hacen.
Porque quien administra dinero ajeno no tiene derecho a esconder las cuentas.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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