Zacatecas, Zac.- El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, coordinó una intervención comunitaria en la localidad de La Escondida para implementar estrategias de prevención de violencia familiar en la educación básica, un esfuerzo institucional por restablecer la cohesión social en áreas vulnerables mediante la capacitación emocional de tutores y el desarrollo infantil.
La implementación de las denominadas Jornadas de Paz y Progreso en el jardín de niños Joaquín Amaro, situado en la periferia de la capital zacatecana, visibiliza una estrategia gubernamental enfocada en atender las causas estructurales de la criminalidad desde el núcleo doméstico. La iniciativa contó con la participación de 43 madres y padres de familia en talleres de gestión afectiva, orientados a neutralizar conductas de riesgo antes de que se proyecten en el ámbito comunitario, mientras que 78 menores recibieron instrucción en dinámicas de convivencia armónica.
La relevancia política e institucional de este programa radica en el cambio de enfoque hacia la prevención social del delito, un área crítica en una entidad fuertemente golpeada por dinámicas de inseguridad y violencia organizada. Desde la perspectiva de la Secretaría General de Gobierno, la familia constituye el primer espacio de socialización y la base conceptual de la seguridad pública a largo plazo, por lo que la intervención en el sector educativo inicial busca generar un blindaje social mediante la asimilación temprana de valores cívicos.
Bajo la operatividad de la Subsecretaría de Prevención Social del Delito, dirigida por Diana Saucedo Nava, las acciones estatales se diversificaron de manera simultánea hacia sectores juveniles con la movilización de las redes de Juventudes Constructoras de Paz. Un grupo de 30 estudiantes destacados de educación media superior, reconocidos previamente por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, participó en actividades de identidad cultural en el cerro de La Bufa, buscando consolidar redes de liderazgo juvenil que sirvan como contrapeso a las dinámicas delictivas que amenazan a la juventud en la región.
El éxito de este modelo dependerá de la continuidad presupuestaria y operativa de los talleres y programas presentados, ya que las intervenciones aisladas suelen diluirse frente a las presiones socioeconómicas del entorno. Para el gobierno zacatecano, el desafío estriba en transitar de la gestión de eventos comunitarios focalizados a la institucionalización de una política pública integral que logre revertir de manera medible los índices de violencia doméstica y comunitaria en el mediano plazo.
LNY | Redacción