Ciudad de México.- La diputada federal Noemí Luna Ayala, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, expresó su respaldo a la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de feminicidio. La legisladora subrayó la urgencia de unificar criterios jurídicos ante la impunidad prevaleciente en México, donde la falta de coordinación institucional obstaculiza la justicia.
Esta modificación al artículo 73 de la Constitución responde a una crisis estructural que, según Luna, el Estado mexicano ha sido incapaz de atender de manera integral. La dispersión de normas entre las 32 entidades federativas ha generado un entorno de opacidad que invisibiliza la magnitud real del problema; actualmente, la heterogeneidad de los códigos penales estatales permite que numerosos casos de muertes violentas de mujeres no sean investigados bajo el protocolo de feminicidio. La propuesta busca establecer un marco normativo homogéneo que obligue a todas las fiscalías a aplicar estándares claros y perspectiva de género desde el inicio de las indagatorias.
Durante su intervención en la Cámara de Diputados, la representante de Zacatecas advirtió que la creación de una ley general es solo un paso inicial. La efectividad de la norma dependerá de la asignación de recursos adecuados y de una voluntad política que trascienda el discurso. Luna criticó la situación actual de las instituciones y señaló que el acceso a la justicia sigue siendo una excepción, pues una proporción mínima de los casos de feminicidio logra concretarse en una carpeta de investigación robusta que derive en sanciones.
La postura del grupo parlamentario también incluyó una dimensión crítica hacia la gestión del Ejecutivo Federal. La legisladora desestimó las afirmaciones de la presidenta sobre una llegada colectiva de las mujeres al poder, al considerar que la protección institucional no ha alcanzado a la mayoría de las ciudadanas en situación de vulnerabilidad. El análisis de la bancada panista enfatiza que la unificación legal debe ir acompañada de mecanismos efectivos de implementación para que la reforma constitucional se traduzca en una reducción tangible de la violencia feminicida en el país.
LNY | Redacción