Ciudad de México.- La diputada federal panista Noemí Luna exigió al Tribunal de Disciplina Judicial explicaciones públicas y jurídicamente sustentadas sobre la suspensión temporal de la jueza federal María Citlallic Vizcaya Zamudio, decretada el 7 de octubre.
Luna sostuvo que no se opone a investigar y sancionar faltas judiciales, siempre que existan pruebas y se respete el debido proceso. Coincidió con agrupaciones que respaldan a la jueza en que no hay información pública suficiente ni clara sobre las irregularidades que se le imputan y que motivaron la medida.
La suspensión se relaciona formalmente con presuntas irregularidades en procedimientos de amparo. La legisladora, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, insistió en que el tribunal debe hacer públicos los señalamientos. Vizcaya Zamudio ha denunciado que el órgano ejerce presión e intimidación contra quienes emiten resoluciones contrarias a los intereses gubernamentales, y Luna retomó esa postura al afirmar que el tribunal actúa como instrumento de control político del régimen morenista.
El caso adquiere relevancia por el contenido de las resoluciones previas de la jueza. De acuerdo con Luna, Vizcaya Zamudio concedió suspensiones de amparo que frenaron trabajos relacionados con el segundo piso del bulevar metropolitano, obra emblemática del gobierno de David Monreal Ávila. La legisladora afirmó que el proyecto tiene un sobrecosto de 3 mil 500 millones de pesos por un tramo de tres kilómetros, y que fue considerado un “negocio familiar” y el “robo del siglo”.
La juzgadora también detuvo la construcción de la presa Milpillas ante las inconformidades de ejidatarios y otorgó amparos a pensionados y derechohabientes del ISSSTEZAC, en medio de la controversia por la reforma al sistema de pensiones que impulsa el gobierno estatal y su intención de desaparecer el organismo.
Luna advirtió que el caso tiene implicaciones para la independencia judicial en todo el país. Acción Nacional, dijo, defenderá los contrapesos constitucionales, pues cuando un juez teme resolver contra los intereses del poder, también se pone en riesgo el derecho de la ciudadanía a la justicia.
Los señalamientos sobre control político, el sobrecosto de la obra y los calificativos sobre el proyecto corresponden a la legisladora y a la propia jueza; el material disponible no incluye una postura del Tribunal de Disciplina Judicial ni del gobierno estatal.
LNY | Redacción