Zacatecas, Zac.- Una niña de 11 años permanece en estado grave en el Hospital General de Zacatecas tras sufrir una agresión física y sexual el viernes 10 de julio en el municipio de Tabasco. Un adolescente identificado por la Fiscalía como el presunto responsable se encuentra bajo resguardo, aunque no puede ser encarcelado por su edad, lo que reabre el debate sobre los límites del sistema de justicia para adolescentes.
El caso salió a la luz cuando la Secretaría de Seguridad Pública desplegó un helicóptero Black Hawk para trasladar a la menor desde el Hospital Comunitario de Tabasco hasta la capital del estado. La solicitud partió del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, ante la falta de infraestructura en el municipio para atender traumatismos derivados de agresiones directas. Los reportes médicos más recientes, actualizados por la propia Fiscalía General de Justicia, describen que la condición de la niña se deterioró de estable pero delicada a grave, con diagnóstico reservado y bajo observación permanente de especialistas.
El fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó la identificación de un adolescente de 13 años como presunto agresor y precisó que, conforme a la ley vigente, no puede ser detenido ni encarcelado debido a su edad; según su versión, el menor permanece con sus familiares mientras se integra la carpeta de investigación.
Sin embargo, medios locales han reportado una versión distinta, que ubica al sospechoso en 14 años y asegura que huyó del lugar tras la agresión, lo que habría motivado un operativo de búsqueda por parte de las autoridades. Esta discrepancia en la edad del imputado no es un dato menor: de ella depende, en los hechos, si el caso se resuelve exclusivamente mediante medidas de supervisión familiar o si abre otras posibilidades dentro del sistema de justicia para adolescentes.
La investigación quedó a cargo de la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes y la Fiscalía de Género, instancias responsables de reunir los elementos probatorios necesarios para judicializar el caso y, en su momento, presentarlo ante un juez de control. De manera paralela, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y el DIF estatal activaron una red de acompañamiento para la víctima y su familia.
El episodio expone, además, una fractura estructural que rebasa lo criminal: la ausencia de hospitales capaces de atender emergencias graves en municipios alejados de la capital obliga a recurrir a recursos tácticos, como un helicóptero militar, para garantizar una atención que debería estar disponible en cualquier punto del estado.
La controversia sobre el régimen legal aplicable a menores de edad, señalada por el propio fiscal como un asunto abierto a debate público, plantea una tensión que trasciende este caso particular: qué hacer cuando la gravedad de un delito choca con un marco jurídico diseñado, precisamente, para no tratar a un niño como a un adulto.
LNY | Redacción