Guadalupe, Zac.- El diputado federal Ulises Mejía Haro demandó consolidar el programa federal de Precios de Garantía durante una gira comunitaria, bajo el argumento de que la soberanía alimentaria nacional depende estrictamente de otorgar certezas comerciales y erradicar la intermediación financiera que actualmente castiga los ingresos de los productores de frijol locales.
La relevancia de esta postura radica en la asimetría estructural que define la economía agrícola de la región. Zacatecas aporta aproximadamente el 40 por ciento del frijol consumido en el país, con volúmenes de cosecha que superan las 400.000 toneladas en ciclos climáticos favorables. Sin embargo, la capacidad productiva del estado contrasta de manera sistemática con las barreras del mercado, que obligan de forma recurrente a los agricultores a comercializar sus cosechas por debajo de los costos reales de operación. La propuesta del legislador sitúa el núcleo del conflicto no en la eficiencia técnica del cultivo, sino en los mecanismos de acopio y en la vulnerabilidad de las familias rurales ante la especulación de los agentes intermediarios.
En el escenario político e institucional, la defensa de estas medidas busca alinear la agenda del estado con la estrategia central de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a la autosuficiencia alimentaria. Para transitar hacia este modelo, se plantea la necesidad de trascender el esquema de subsidios asistenciales mediante una intervención estructural en la cadena de valor. El proyecto expuesto por el legislador federal contempla la viabilidad de la planta procesadora ubicada en Sombrerete, la creación de un sello de origen que distinga el grano zacatecano y la inserción formal en el denominado mercado de nostalgia en Estados Unidos, enfocado en los consumidores migrantes.
El desafío institucional implica un rediseño de las prioridades del gasto público e inversión en infraestructura. Las demandas del sector agrario exigen la tecnificación de los sistemas de riego, el desarrollo de infraestructura hidráulica frente a la incertidumbre climática y el fomento a la industrialización local. La viabilidad de la soberanía alimentaria de México queda supeditada, bajo este análisis, a la transformación del aparato productivo primario en un sistema sostenible y comercialmente equitativo para las comunidades rurales.
LNY | Redacción