Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha postergado la resolución sobre la constitucionalidad de la reforma al sistema de pensiones de Zacatecas, con el fin de recibir en audiencia a los trabajadores afectados antes de votar el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, que propone validar el recorte del aguinaldo de 60 a 30 días.
El máximo tribunal del país debe determinar si la modificación del artículo 74 de la Ley del Issstezac vulnera el derecho humano a la seguridad social, como sostiene la impugnación promovida por la Presidencia de la República. El proyecto de la ministra ponente, sin embargo, defiende la legalidad del ajuste bajo el argumento de que el aguinaldo no es una prestación integrada en la pensión ni una contraprestación por la que se haya cotizado, sino un beneficio supeditado a la capacidad financiera del organismo estatal.
La controversia técnica se enfrenta a una creciente presión social y jurídica. Un grupo de pensionados se trasladó a la Ciudad de México para exigir el respeto a sus derechos adquiridos, mientras que el despacho De la Peña Rivera ha presentado 575 escritos de amicus curiae en representación de los trabajadores. El sector crítico sostiene que la crisis financiera del instituto no justifica el incumplimiento de obligaciones ya devengadas, recordando que el Issstezac ha tenido que desembolsar recientemente 72 millones de pesos en pagos atrasados tras sentencias judiciales definitivas.
La decisión final sentará un precedente relevante sobre si la solvencia financiera de una institución pública puede prevalecer sobre los derechos de seguridad social de sus beneficiarios. Aunque el Gobierno de Zacatecas y la dirección del Issstezac han manifestado que acatarán el fallo, la resolución definitiva marcará el margen de maniobra de los estados para reestructurar prestaciones en contextos de déficit presupuestario.
LNY | Redacción